En los últimos años el sector de las telecomuniaciones ha sido golpeado por el contexto recesivo y la maduración de su negocio principal, el mercado de telefonía móvil. También los negocios de internet y tv paga han visto su negocio declinar como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores.

De esta manera, los operadores se han focalizado en la retención de su base de usuarios, así como la adquisición de clientes de otros operadores debido a la apertura de la portabilidad. Esto ha llevado a las empresas a una fuerte promoción de sus planes para incentivar la migración de los clientes, así como la oferta de servicios paquetizados, indica un estudio de la consultora Claves Información Competitiva.

Las migraciones por portabilidad numérica varían entre 200.000 y 300.000 por mes sumando todas las empresas y vienen incrementándose en los últimos años debido a las distintas promociones de los operadores a través de sms y llamadas telefónicas.

Por otro lado, las medidas del gobierno decretando al servicio de telecomunicaciones como servicio público así como el congelamiento y control de precios han llevado a las compañías del sector a judicializar el tema y a solo mantener inversiones, sembrando dudas acerca de nuevas inversiones y el despliegue de la tecnología 5G.

El sector de las telecomunicaciones facturó alrededor de U$D10.000 millones en 2021. En ese escenario, la telefonía celular se mantiene como el principal negocio representando un 45% del ingreso total. Los tres grandes operadores son Claro (América Móvil) con un 39% de participación; Personal (Telecom-Cablevisión) con un 31%, y Movistar (Telefónica), con un 29 por ciento. En el interior, las cooperativas también comienzan a ganar presencia.

La TV paga es el segundo mercado en importancia con el 22% (se incluye la tv por cable y satelital), luego le siguen internet fija con 18%, y más lejos telefonía fija con un 9% y comunicación audiovisual con 6 por ciento.

 

Tensión  

Hoy el clima del sector está teñido de una relación tirante entre el Gobierno y las empresas en torno a la fijación de aumentos de los precios regulados por el decreto 690/2020. Esto genero distintas judicializaciones por parte de las compañías, indica el informe.

En diciembre 2021 comenzó un proceso de negociaciones entre la administración de Alberto Fernández y las principales operadoras de internet, telefonía móvil y TV paga. El objetivo es alcanzar una tregua en la judicialización del DNU 690, aquel que declara la función de estas empresas como servicio público y habilita la intervención estatal en la regulación de sus precios.

A partir del decreto 690/2020 de la ley Argentina Digital, el gobierno dispuso que los Servicios TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre sus Licenciatarias, son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. A su vez, facultó al Enacom, en su carácter de Autoridad de Aplicación, a regular los precios de esos servicios.

De esta forma se intenta poder acordar un sendero de aumentos contemplando variables como la inflación, tipo de cambio, incremento de salarios y planes de inversión.