Luego que un fallo en Entre Ríos impusiera distancias en la aplicación de fumigaciones en las escuelas, el gobierno provincial demora la salida de un decreto para ordenar la actividad como pide la Justicia. El campo ve amenazada su producción y por eso volverá a salir a la ruta para decirle no a los ecologistas y pedir celeridad a las autoridades locales.

Hace poco un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia dejó sin efecto un decreto que había emitido el Ejecutivo provincial que regulaba la aplicación de los fitosanitarios en respuesta a lo dictaminado por la Sala II de la Cámara Civil que ordenó en octubre pasado el cese de las fumigaciones.

Para el agro está en juego el trabajo de más de 300.000 hectáreas que dejarían de producir y en donde se realizan actividades como soja, trigo, maíz, naranjas, arándanos, arroz, nuez pecán, ganadería y tambos, entre otros cultivos.

"La gente está impaciente y se decidió hacer una asamblea con volanteada en el túnel Paraná-Santa Fe el próximo jueves ante la demora del decreto", señaló a BAE Negocios, el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Raúl Bo-Hoc.

Vale recordar que el juicio es contra la provincia y al no haber mas instancias judiciales, el gobierno de Entre Ríos deberá recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Esto ya tendría otros ribetes dado que de darse un fallo negativo, sentaría jurisprudencia a nivel nacional. Sólo el sector agroindustrial generará este año dividas en torno de los u$s24.000 millones.

La irresponsabilidad de algunos productores tiene en parte la culpa. El Estado también. Si funcionara el poder de policía se evitarían los riesgos en el uso de los fitosanitarios. Hace falta un serio debate a nivel nacional para despejar dudas y atender reclamos, y para eso está el Congreso.