Mientras hace poco finalizó la consulta pública para debatir la propuesta que elaboró el Gobierno respecto de las políticas que debe regir sobre la aplicación de agroquímicos, los municipios siguen siendo la instancia en donde se discute el uso de los fitosanitarios. Un tema que genera a la fecha su rechazo y prohibición. Es el caso de Benito Juárez, localidad de la provincia de Buenos Aires donde su intendente vetó una ordenanza que permitía la fumigación a sólo 30 metros del ejido urbano.

Al contrario de lo que se viene dando en otras intendencias donde directamente se prohíben el uso del glifosato o le ponen límites a las aplicaciones al alejarlo de los pueblos, el caso de Benito Juárez es distinto. En este municipio tras un año y medio en la búsqueda de consensos entre entidades rurales y organismos públicos se acordó elaborar una ordenanza limitando la fumigación a partir de "polígono" que en promedio significaba acotar la distancia en los 400 metros. Sin embargo, al ingresar en el Concejo Deliberante (CD) se decidió limitarlo a los 30 metros, lo que ocasionó que el intendente Julio Marini anticipara que vetara la propuesta.

"En el marco del plan de ordenamiento territorial y luego de dialogar por 18 meses con entidades rurales, Cambio Rural, INTA, Senasa, asociaciones de médicos, junta de comisiones vecinales, CREA, aplicadores, cámaras empresarias e ingenieros agrónomos, se decidió armar una ordenanza que no fue fácil dados los actores que participaron y se propuso establecer un polígono limitando la aplicación de agroquímicos en los 400 metros", relató a BAE Negocios Julio Marini.

Según el intendente de Benito Juárez, de las 530 hectáreas destinadas a la actividad agropecuaria sólo quedaba afectado por la ordenanza un 1,2 por ciento; pero la propuesta fue modificada en el Concejo Deliberante, donde Cambiemos tiene mayoría dado que su presidente tiene doble voto. El municipio está en manos del FpV.

En ese sentido, este diario se comunicó con la presidenta del Concejo, Felicitas Pérez Pardo, quien argumentó que "habría que esperar la resolución que está por sacar el Gobierno sobre la aplicación de los agroquímicos y, en base a eso, adecuarlo".

Quizás la concejal se refiera a lo explicado semanas atrás por el director nacional de Agricultura, Ignacio Garciarena, quien señaló que el documento elaborado por el Gobierno no habla de distancias sino, por el contrario, de que si se hacen "buenas prácticas agrícolas en las aplicaciones, las distancias dejan de ser relevantes y no haría falta hacer mención alguna sobre las distancias".

Pérez Pardo señaló además que "lo presentado a nivel local es excesivo como es la reinscripción de los agroaplicadores. Además, propusimos modificar la distancia la cual se tomo a partir de las demostraciones que se hicieron a nivel país".

El CD está conformado por catorce miembros, siete del FpV y otros siete de Cambiemos. Estos últimos son productores. Se trata de un contraste que no se vio en otros municipios donde fueron los mismos concejales del Gobierno los que impulsaron un veto al uso del glifosato. Es el caso de Concordía o Paraná. Quizás en Benito Juárez se trata de rememorar el enfrentamiento que tuvo el kirchnerismo y el campo en 2008.

Por lo pronto, Marini anticipó que hoy saldrá el veto a la ordenanza y volverá todo a foja cero. Queda claro que no hay igualdad de opiniones dentro del Gobierno. Un ejemplo de eso es precisamente Entre Ríos, en donde el glifosato divide aguas dentro de Cambiemos. Algunos concejales consultados por este diario, y que respaldan la limitación al uso del agroquímico, señalaron que sus propios pares del partido no toman en cuenta las objeciones de querer impulsar una agricultura más amigable con el medio ambiente.