El primer conflicto de la gestión a cargo de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires con el Sindicato de Camioneros se detonó en el inicio de la semana y generó inconvenientes en la recolección de residuos porteña, además derivó hacia otros tópicos de la actividad en ese distrito. La medida de fuerza llevada adelante por la organización gremial que lideran Hugo y Pablo Moyano comenzó a gestarse el viernes, cuando la administración Macri cuestionó la preadjudicación del sistema de grúas de acarreo, cuyos trabajadores revisten bajo convenio colectivo de Camioneros.

"Los compañeros se encuentran trabajando a reglamento por el mal estado de los camiones de la recolección y el intento del gobierno de CABA de querer estatizar los 300 choferes de grúas", explicaron desde el sindicato a este diario. En esta tónica manifestaron que continúan en estado de alerta y movilización en la rama de recolección y barrido.

Por su parte el jefe de Gobierno porteño al analizar el contexto de la situación, que incluyó que en varios puntos de la Ciudad se acumularan los residuos en las calles, no dudó en hacer referencia a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, su antecesor. 

"A nosotros nos quedó una preadjudicación del acarreo en la Ciudad, que cuanto menos amerita ser revisada, porque es carísima. La Ciudad no tiene posibilidades de sostener ese contrato; para mí es escandaloso", afirmó Macri. Frente a esto, anunció la anulación de la licitación y señaló que el servicio continuará en manos de la Ciudad.

En cuanto a las medidas de fuerza definidas por el sindicato el jefe de gobierno en CABA remarcó: "Camioneros aprieta donde cree que duele. Les dijimos que nosotros les garantizamos el trabajo a los 350 camioneros. Por eso no se entiende si defienden a las empresas porque nosotros dimos garantía de estabilidad a los trabajadores", ironizó.

Moyano por parte aseveró que "hay muchísimas irregularidades en las empresas de recolección de basura en CABA. Por ejemplo, es una cosa de locos que un barrendero pague Ganancias" y aclaró que en la recolección, "se trabaja cumpliendo el convenio laboral".

Más allá de los cruces en los dichos periodísticos, el secretario porteño de Trabajo y Empleo, Ezequiel Jarvis, un hombre que viene de la administración anterior, desarrolla gestiones para tratar de encontrar una solución a la pulseada. Jarvis ha sabido mantener una buena relación con los sindicalistas a lo largo de su trayectoria en el gobierno de CABA.

El conflicto en cuanto a sus orígenes se remonta a 2022 cuando se interrumpió la operación de las empresas de grúas SEC y STO, que operaban con prórrogas de contratos vencidos desde 2001, y el sistema de acarreo pasó a estar a cargo de la Ciudad De Buenos Aires.

Por aquel entonces se supo que ambas empresas abonaban un cánon mensual de $55.000 a la vez que acumulaban reclamos por acarreos injustificados, daños a los vehículos remolcados e incluso denuncias por exceso de velocidad.

Veinte meses atrás el gobierno porteño inició el proceso de licitación para reasignar tal concesión con dictamen desde diciembre de 2023 y por $57.000.000.000 por diez años. En el interín, la Ciudad se hizo cargo del servicio de acarreo.