El Gobierno nacional presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en el que respalda la apertura de una investigación sobre cómo se produjo el ingreso del Grupo Eskenazi a YPF, durante los años previos a la estatización. La posición fue formalizada en el marco de una causa paralela impulsada por la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG), que busca intervenir en el juicio que enfrenta el país por la expropiación de la petrolera.

El documento, ingresado hoy, solicita que la apelación interpuesta por RA4ARG sea tramitada por separado de la que lleva adelante la República Argentina contra la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska en septiembre de 2023, que condenó al país a pagar USD 16.000 millones. Según el Ejecutivo, ambos procesos abordan cuestiones jurídicas distintas y deben seguir su propio curso.

Además, el Gobierno expresó su compromiso con el esclarecimiento de las posibles irregularidades que rodearon el ingreso de Petersen Energía —vinculada a la familia Eskenazi— a la estructura accionaria de YPF. “La Argentina ha experimentado de primera mano cómo la corrupción no solo afecta casos específicos, sino que también socava la integridad de las instituciones republicanas y democráticas”, señala el escrito.

“Si se confirma que los Eskenazi ocultaron pruebas o brindaron testimonio falso en la causa, la República evaluará iniciar acciones para anular la sentencia”, advierte el documento. En esa línea, el Ejecutivo manifestó que apoyaría cualquier investigación sobre los hechos denunciados por RA4ARG, “incluso si fuera realizada por el Gobierno de los Estados Unidos”.

A pesar de ese respaldo, el Gobierno coincidió con Burford Capital —beneficiario de la sentencia original— en que la participación de RA4ARG puede entorpecer el desarrollo del juicio principal. Ambas partes habían solicitado anteriormente a la jueza Preska que denegara la intervención de la ONG, lo que finalmente ocurrió en marzo. RA4ARG apeló esa decisión y ahora tiene 21 días para responder a los argumentos del Estado y del fondo litigante.

En paralelo, la ONG solicitó la suspensión de la audiencia oral prevista para fines de octubre, cuando la Corte de Apelaciones debe escuchar los argumentos sobre la apelación principal interpuesta por Argentina. Ese planteo también fue rechazado por las otras partes.

Mientras tanto, el fondo Burford avanza con otras demandas: entre ellas, pidió a la jueza Preska que se transfieran las acciones que el Estado argentino posee en YPF (el 51%) y que se declare que el Gobierno y la empresa “son lo mismo”, bajo la figura del alter ego. La jueza ya ordenó entregar correos y teléfonos celulares de Luis Caputo y Sergio Massa.