El fin de las facultades delegadas por la Ley Bases aceleró la motosierra y el Gobierno avanzó en la disolución o reforma de otros 21 organismos públicos. Se estima que la administración de Javier Milei instrumentó la transformación de más de 100 organismos públicos que asistían en distintas áreas a la población en los 18 meses de gestión libertaria.

Los últimos decretos plasmados en el Boletín Oficial afectan a organismos clave vinculados a áreas como la salud; el transporte; la agroindustria; la industria; la seguridad vial y las fuerzas de seguridad.

Hoy se le vencen al Poder Ejecutivo las facultades delegadas que le habían sido conferidas por el Congreso a través de la sanción de la Ley Bases. Esto significa que el oficialismo no tendrá la posibilidad de hacer modificaciones y reformas en el Estado sin pasar por el Congreso.

El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, hizo un balance de las facultades delegadas y anticipó lo que vendrá. “Lo que hacíamos con facultades delegadas era el 5% de lo que hacíamos. Las facultades delegadas es sobre un universo de unas 2 mil leyes y los decretos que tenemos que revisar son 700 mil”, expresó en declaraciones radiales.

El Gobierno podrá seguir publicando Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) u otros decretos pero no podrán eludir el ojo legislativo. Los proyectos que presenten necesitan del consenso de los bloques aliados, justamente en un momento donde la relación con los gobernadores se encuentra en tensión por los fondos coparticipables. 

No tienen los votos necesarios para frenar las leyes de la oposición como el presupuesto universitario, los fondos para el Hospital Garrahan o el aumento a los jubilados. La única alternativa visible por ahora será el veto presidencial a cada iniciativa que derrumbe el presupuesto oficial.

El objetivo del gobierno será reducir todo lo que más se pueda en el Estado. Para ello utilizará el Pacto de Mayo firmado hace un año con los gobernadores en Tucumán. En esos diez puntos garantizan la reducción del gasto público en torno al 25% del Producto Bruto Interno; una reforma tributaria, laboral y previsional. 

Sturzenegger señaló que a partir del 10 de diciembre comienza una nueva etapa en la relación con el Congreso. “Si el Congreso apoya estas políticas, entonces podremos tener un Congreso más cercano. Y ahí es el momento para volver a cometer una agenda de reformas de otro tipo, que son las que estaban en el Pacto de Mayo. Hay mucho trabajo por delante y hay que preparar eso”, afirmó el funcionario.