Tras realizar algunas modificaciones al texto que envió el Ejecutivo nacional, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado emitieron dictamen del proyecto de reforma judicial, que se tratará en sesión la semana próxima. Como ya habían adelantado, los senadores de Juntos por el Cambio no acompañaron el despacho de mayoría.

En tan sólo dos semanas, casi 50 invitados, entre expertos, abogados, jueces, fiscales y ministras -Marcela Losardo, de Justicia; y Elizabeth Gómez Alcorta, de Mujeres, Géneros y Diversidad-, pasaron por las audiencias públicas en las que se analizó la iniciativa que propone modificar la estructura del Poder Judicial. Aunque con diferencias sustanciales respecto a la necesidad y la urgencia de reformar la Justicia, la mayoría de los invitados plantearon cuestionamientos a la norma, algunos de los cuales el oficialismo tomó en cuenta al momento de introducir cambios.

Al comienzo de la reunión, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, destacó que se analizaron los 29 documentos que fueron acercados por los especialistas y organizaciones, además de tener en cuenta las propuestas realizadas en las casi 21 horas de exposiciones. “Este proyecto no llegó cerrado al Senado sino que la idea era enriquecerlo y hacerlo mejor”, apuntó la senadora oficialista.

“Hemos decidido no unificar el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo, sino crear un Tribunal de Resolución de Conflictos de Competencia", anunció Sacnun respecto a uno de los principales cambios que el Frente de Todos introdujo al texto original. La decisión fue celebrada por los legisladores de la oposición, aunque reiteraron su rechazo al proyecto.

Desde el oficialismo también resolvieron que la selección de jueces sea registrada a través de “medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad” y que en los concursos se mantendrán “los exámenes escritos en anonimato”.

Otro de las modificaciones que Sacnun anunció fue a raíz de un pedido de los organismos de derechos humanos, que el periodista y abogado Pablo Llonto remarcó durante su intervención en el plenario de comisiones. Finalmente, se decidió que las secretarías con competencia específica en derechos humanos “conservarán esa competencia exclusiva”.

“Se han aceptado muchas modificaciones importantes, algunas de ellas sugeridas por senadores de la oposición. También se ha demostrado que no hay impunidad, que no hay intención de manipular los nombramientos de jueces”, apuntó el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli.

Si bien desde la bancada opositora destacaron el trabajo realizado por Sacnun, incluso la senadora macrista Laura Rodríguez Machado subrayó que “todos los oradores que propuso la oposición han sido aceptados y se les ha dado el tiempo necesario para exponer”, desde Juntos por el Cambio se quejaron de que las modificaciones a la iniciativa fueron insuficientes y cuestionaron la decisión de dar este debate en el actual contexto de pandemia del COVID-19.

Mientras el senador de PRO Esteban Bullrich cuestionaba el costo de la reforma judicial -que sería de 1.939 millones de pesos, según estimaciones del ministerio de Justicia y Derecho Humano- y protestaba porque el proyecto no se discutió en la comisión de Presupuesto y Hacienda, el resto de los senadores lo miraban atónitos a través de la pantalla porque detrás suyo había una especie de gigantografía de su persona. 

Un rato después, la senadora radical Silvia Elías de Pérez remarcó que no acompañarían el proyecto “porque no es lo que la gente necesita” y dijo que lo único que se hacía era llevar adelante una “intervención de la Justicia”, además de asegurar que en algunos puntos es “inconstitucional”.

Tras dar dictamen al proyecto, el oficialismo espera tratarlo en el recinto el próximo jueves 27 de agosto para luego comenzar el debate en Diputados, donde el escenario es mucho más adverso.