El Sindicato de Camioneros denunció el mal desempeño de la Justicia en la causa donde hay dos dirigentes del gremio detenidos bajo acusación de “extorsión y coacción” a una empresa de San Pedro. El líder sindical Hugo Moyano consideró que los procedimientos activados en esa circunstancia “son una clara causa de lawfare” al tiempo de remarcar que la Justicia “trabaja en connivencia con intereses políticos para perseguir a este gremio”.

El también presidente del Club Atlético Independiente, durante una conferencia de prensa realizada en Camioneros advirtió “con operaciones de Gestapo no nos van a doblegar pro más que inventen lo que inventen”. Los sindicalistas de Camioneros fueron denunciados por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, sector alineado a Juntos por el Cambio y que lidera la letrada Florencia Arietto.

Por su parte el abogado que representa al sindicato, Javier Moral, detalló el proceso judicial y los alcances de la investigación que llevaron adelante. “Se descubrieron tareas de inteligencia para producir una causa contra el gremio” precisó Moral al tiempo que en la denuncia Camioneros incluyó a la fiscal María Viviani y y a la magistrada interviniente María Eugenia Maiztegui, para quienes solicitaron la recusación “consideramos que tuvieron actitudes que comprometieron el proceso”, explicó.

El abogado durante la rueda de prensa expuso copias de un expediente judicial donde aparece la transcripción de una comunicación entre el denunciante, Gustavo Javier Rey, y una persona que le brinda información confidencial, a quien desde el sindicato apuntan como un “agente de inteligencia”.

“Estas pruebas fueron presentadas a la fiscal por el mismo denunciante- Gustavo Rey-, pero jamás fueron informadas a la defensa, ni anexadas a los expedientes de la causa, como corresponde a todo proceso”, dijo el letrado además de considerar que en la trama descripta hubo intervención de periodistas.

Moral remarcó también que la prueba referida “no estaba foliada, ni anexada al expediente, algo que resulta sospechoso y determina una falla jurídica grave. Todo esto consta en un acta que realizamos con la fiscal y la magistrada. “Viviani además contaba con transcripciones de conversaciones privadas entre los imputados y su abogado. Eso es algo que no puede suceder, ya que esos encuentros tienen el secreto de la confidencialidad”, remarcó.