La presentación del protocolo anti-piquetes dado a conocer esta tarde por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, mereció una la rápida respuesta del Partido Obrero y el Polo Obrero, espacios, desde donde señalaron que el Gobierno "se ha colocado en la ilegalidad, violando la Constitución nacional", al tiempo que advirtieron, que pese a las amenazas del Gobierno nacional, las manifestaciones contra el ajuste "inevitablemente se van a dar". 

En una conferencia de prensa que tuvo lugar en Bartolomé Mitre 2162 de esta Capital Federal, los dirigentes del Partido Obrero, Gabriel Solano y Vanina Biasi y el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, expresaron su repudio al Protocolo de Orden Público y advirtieron que la movilización contra el ajuste del Gobierno, que llevarán a cabo el próximo 20 de diciembre con replicas en todo el país, se realizará de todos modos.

"La ministra Bullrich se ha colocado en la ilegalidad, violando la Constitución nacional y reclamandole a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires y al resto de los gobernadores del país, que se sumen a eso", señaló Solano.

El legislador porteño afirmó que "el tema de la protesta", es "de orden general", subrayó que "se pretende aplicar un tarifazo enorme y habrá manifestaciones", y le recordó a la funcionaria nacional, que ella formó parte en el año 2001 del Gobierno del expresidente Fernando de la Rua, "y terminó sus días" de gestión "justamente cuando se declaró el Estado de sitio, a pesar de este tipo de políticas".

Solano recordó que "en Argentina existe el derecho constitucional a manifestarse y a tomarse un tren", mientras que "hay un gobierno que aplica un ajuste enorme y que luego quiere prohibir las manifestaciones inevitables y saludables que se van a dar" y concluyó diciendo que en "Argentina no queremos la paz de los cementerios".

 Por su parte, Belliboni expresó que el artículo 194 mencionado por Bullrich al momento de dar a conocer el protocolo anti piquete, "solo lo puede aplicar un juez" y reseñó que en el país "ha cambiado un gobierno, no el régimen político, para cambiar el régimen político o las leyes, hay que llamar a una asamblea constituyente y modificar el ordenamiento legal del país 

"Tenemos un escenario en el que hay amenazas y hubo un plan de guerra contra los trabajadores", prosiguió el referente piquetero, quien destacó que la ministra de Seguridad "vino a amenazar a aquellos que lógicamente van a protestar" y los que "no van a aceptar tener una Navidad sin siquiera un plato de comida".

Belliboni remarcó que "no va a tener éxito alguien que quiere frenar la bronca popular que se está generando y eso se va a expresar en la calle pacíficamente", al tiempo que evaluó como "absolutamente inconstitucional lo que ha dicho la ministra, al punto que tiene que mandar una ley porque no tiene los instrumentos legales".

Durante la conferencia, los organizadores informaron que en el día de mañana las 17, en la sede del sindicato de docentes universitarios,  habrá una  reunión a la que convocaron "a todos los que se sientan" afectados por las medidas aplicadas por el Gobierno del presidente Javier Milei.

De la actividad, participaran más de 50 organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, estudiantiles y ambientales: "Vamos a discutir con todos los que se sientan afectados" por el intento de cercenamiento del "derecho inalienable a protestar", concluyeron.

Más temprano, a la hora de presentar el protocolo anti piquetes, Bullrich había advertido que "si se toma la calle va a haber consecuencias" y adelantó que "las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple".

La norma incluirá la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos por intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.

La medida anunciada por el Gobierno nacional, también fue cuestionada por varios abogados constitucionalistas, entre los cuales, Andrés Gil Dominguez, al referirse al "inminente anuncio de la Ministra Patricia Bullrich sobre el dictado de un “Protocolo Antipiquete”, recordó "ciertos estándares interamericanos en la materia que tienen jerarquía constitucional".

En esa línea y a través de su cuenta de X (ex Twitter), el especialsta reseñó que "existe un derecho fundamental y humano a la protesta pacífica" y advirtió que "la protesta violenta no es un derecho y está castigada por el código penal.

Destacó ademas, que el derecho a la protesta pacífica "engloba la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de petición, el derecho a la no discriminación, la libertad sindical y el derecho a la huelga", entre otros.

También subrayó que la regulación del derecho a la protesta pacífica "debe realizarse exclusivamente por una ley sancionada por el Congreso", y en otro tramo, advirtió que "ninguna regulación del derecho a la protesta pacífica" será efectiva "sino es el resultado de una política pública consensuada entre las distintas fuerzas políticas con representación legislativa".