Las reformas que el presidente electo Javier Milei plantea para su gestión se trazan en cuanto al régimen laboral e indemnizaciones en una mecánica que se desarrolla para el gremio de la construcción. El líder de La Libertad Avanza incluso departió con el titular de la Uocra, Gerardo Martínez , “para interiozarse” del funcionamiento del Fondo de Cese Laboral (FCL) de ese sector.

Allí el empleador deposita por mes el 12% del salario del trabajador en una cuenta bancaria, durante el primer año de la relación laboral, y a partir del segundo año, ese porcentaje baja al 8%. Dicho monto no puede ser embargado y es de libre disponibilidad. Se recuerda que en la construcción no existe la indemnización, bajo el sustento normativo de que se trata de un rubro donde los trabajadores rotan, por finalizar su labor o el emprendimiento donde se desempeñan.

Ahora, ampliar la dinámica del FCL a otros sectores laborales implica la colisión con el artículo 14 bis y otros de la Constitución, alertan abogados laboralistas. Por su parte Gerardo Martínez sostuvo que el llamado “modelo Uocra” “no va a resolver todo el problema" si bien otorga "más previsibilidad”, remarcando que hay cantidades de juicios en desarrollo “porque el empresario 'olvidadizo' no hace el depósito mensual del 12%”.

Entre algunos requisitos que exige el cobro del FCL pueden citarse, que el trabajador debe estar desocupado por despido y no lo cobran en casos de renuncia. Quienes tengan acceso a él deberán estar comprendidos en la ley 22.250 que establece el Régimen Nacional de la Industria de la Construcción y deberán contar con el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) definitivo.

Se les exige también haber trabajado, con recibo de sueldo, durante un período mínimo continuo o discontinuo, de 8 meses en los últimos 2 años anteriores al despido. Tampoco pueden percibir ninguna jubilación, pensión o subsidio.

Además los trabajadores no deberán encontrarse en incapacidad laboral temporaria o permanente, establecida por la ley de Riesgos de Trabajo N° 24.557.

No adaptable, de mínima

El abogado laboralista Luis Roa, ex secretario académico de Relaciones del Trabajo (UBA) explicó que “un modelo de fondo de cese laboral en primer lugar es de dudosa constitucionalidad”. Y en ese plano consideró que el esquema referido de la Uocra “no hubiese sido posible de instalar salvo en la época donde fue creado (1967) con la ley 17.258 bajo el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Incluso dicho escenario se empeoró en 1980 con la ley 22.250 en la dictadura”.

Roa, ante la consulta de BAE Negocios, hizo referencia a que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional expresa la protección del trabajador frente al despido arbitrario. “Cualquier variante de un fondo de cese laboral, de mínima lo que genera es una alta rotación laboral donde pasa a segundo plano si el despido es con o sin causa”.

Para el letrado generar un FCL símil al de la Uocra para otros rubros “es descabellado”, ya que un despido sin causa lo que determina es la ruptura del contrato de trabajo. “Si en una sociedad republicana y democrática alguien rompe ese contrato, deberá asumir las consecuencias”, enfatizó citando incluso el artículo 19 de la Constitución. “Va de suyo que un fondo de desempleo hace a una prestación de seguridad social cuando un trabajador o una trabajadora está desocupado, no es una indemnización que apunta a reparar un daño causado”, dijo Roa para acotar que avanzar sobre el modelo de la Uocra, describe “de mínima un grave error de diagnóstico, al menos desde lo jurídico”.

En su mirada crítica el abogado planteó que con solo considerar esta implementación “aparece un inmenso negocio financiero, ya que ¿quién o quienes erán los que manejen los fondos en cuestión?” Y consideró que este tipo de iniciativas remiten, sin dudas, a lo que constituyó el régimen de AFJP.