El Foro de Economía y Trabajo (FeyT) presentó un crítico informe sobre la coyuntura económica y social que apunta a toda la gama de medidas que desde diciembre despliega el Gobierno. Allí enumeraron lo que consideran una precariedad de la estrategia financiera, incapacidad para conseguir dólares que además deriva en complicar cada vencimiento de la deuda, afectando la economía real. La corrosión, para este foro, se aprecia sobre la industria, las pymes, el cooperativismo, y los trabajadores activos, registrados o informales, los jubilados y pensionados.

En su análisis titulado "Economía del Desastre" el Feyt sostuvo que mientras la Casa Rosada "abunda en la declamación de logros políticos en convivencia con una política monetaria errática, se considera a la política macroeconómica como una máquina donde no hay personas", empeorando las variables financieras, económicas y sociales.

El FeyT está integrado por economistas y otros profesionales del movimiento sindical, nuclea a pymes, cooperativas y estamentos de la economía popular. Ellos propician un programa económico con ejes en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía. Entre otros analistas coinciden en este foro Juan Pablo Costa, Raúl Dellatorre, Marisa Duarte, Roberto Feletti, Cecilia Garriga, Santiago Mancinelli, Pablo Manzanelli, José "Pepe" Sbatella, entre otros, y la coordinación está a cargo del sindicalista de la Asociación Bancaria Eduardo Berrozpe.

En su análisis el FeyT hizo referencia al documento de la Confederación de Sindicatos Industriales (Csira) sobre la dinámica fabril. Allí ponderaron que "la recesión tiene un potencial explosivo en el mundo del trabajo".

Graficaron así que el panorama de 61.728 empresas de 18 sectores, fue presentado a los gobernadores Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella y Gerardo Zamora. Enumeraron en esa ocasión que el 90% de las empresas experimentó una caída de ventas en relación a diciembre, el 80% redujo personal con despidos, suspensiones o jubilaciones anticipadas y solo el 56% paga los sueldos en término.

"Contra la campaña publicitaria sobre la recuperación de la actividad en V, la crisis se espiralizó en los últimos dos meses y la cantidad de suspensiones escaló del 34,4% al 60%".
Para el FeyT el futuro no ofrecerá cambios por la "política de ajuste monetario salvaje que profundizará la recesión. Esta es una perspectiva admitida incluso por el ministro Luis Caputo en sus recientes encuentros con empresarios, asumiendo como un mal menor la recesión, frente al objetivo de derrotar a la inflación".

Estiman que más allá de que el Gobierno logre o no en una baja de inflación y menor presión sobre el dólar, "lo preocupante es que ante la mayor recesión, el efecto inmediato será la aceleración de la reducción de personal en las empresas que venden sus productos, bienes o servicios, al mercado interno", el realce de la gravedad lo marcaron en las pymes.

El FeyT recordó que en marzo solicitó que se declarara la emergencia alimentaria, con un programa de precios obligatorios y garantizando la alimentación y consumos básicos, "desacoplando los precios internos de los de exportación".

Puntualizan la necesidad de una inmediata recuperación del poder de compra de los salarios, jubilaciones, el salario social complementario, y asignaciones familiares. También insistieron por la renegociación integral ante el FMI pero a cargo del Congreso de la Nación como lo contempla la Constitución Nacional y además una reforma tributaria progresiva, para un equilibrio fiscal basado en la capacidad acorde a las ganancias reales de los contribuyentes.

El FeyT considera necesaria también la valoración del comercio exterior, con estricta administración de las reservas del BCRA y medidas cambiarias que vinculen las relaciones económicas exteriores con el fortalecimiento del mercado interno y la moneda nacional.
Para el fortalecimiento del ahorro nacional, en un sistema financiero no especulativo con una banca pública consolidada la situación amerita una ley de servicios financieros que ratifique su carácter de servicio público. Y recalcaron entre otras posturas que se defina "un programa federal de industrialización, que incluya un plan de obras públicas de infraestructura, para crear empleo y ejecución de las inversiones para el desarrollo económico y social con redistribución del ingreso".