El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, volvió a cuestionar hoy el uso de las prisiones preventivas por parte de los tribunales federales aunque aclaró que "deben ser analizadas caso por caso" para ver cuáles estuvieron correctamente dictadas. Además, reconoció su coincidencia en ese punto con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández.

En declaraciones a la radio Futurock, el funcionario consideró que la prisión preventiva "siempre tiene que ser la última opción de los jueces" y resaltó que el actual Gobierno propuso "regular" este mecanismo.

Garavano se expresó de esta manera al referirse puntualmente a la situación de Cristóbal López y Fabián De Sousa, empresarios del grupo Indalo que se encuentran detenidos por presunto fraude al Estado por la no liquidación de un impuesto a las naftas durante varios años.

"Esto lo dijo el propio Alberto Fernández, que hay que analizar caso a caso, ya que no podemos caer en generalizaciones en las prisiones preventivas", admitió. En este sentido, el funcionario destacó que los fallos "tienen una revisión de la Cámara de Apelaciones, otra de la Cámara de Casación Penal y, eventualmente, otra de la Corte Suprema de Justicia".

El ministro también lamentó que todavía haya "resistencia de algunos jueces en otorgar" la prisión domiciliaria a personas de más de 70 años o mujeres embarazadas, mecanismos que consideró "alternativos" y "más efectivos a la hora de la reinserción social".

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Por último, Garavano aseguró que no le asigna "importancia a las denuncias penales contra (el presidente Mauricio) Macri", ya que son denuncias que, a su entender, "no tienen demasiado sustento" y "no son hechos de corrupción en términos como los conocemos todos".

En ese sentido, explicó que en varios de los casos en los que se acusa al Presidente "no existe un perjuicio económico a la administración pública" y que estos se relacionan a supuestos hechos ocurridos antes de la gestión al frente del Poder Ejecutivo nacional, como en el caso del Correo o los Panamá Papers.

"En todo caso puede haber un incumplimiento de los deberes de funcionario público, o un abuso de autoridad, pero no corrupción en términos de me quedé con la plata del Estado", cerró.