La empresa de infraestructura tecnológica IMPSA atraviesa un escenario de incertidumbre. Desde que fue reprivatizada bajo la gestión de Javier Milei, la compañía no ha recibido los pagos comprometidos por parte del Estado Nacional en proyectos acordados; esa situación derivó en el fraccionamiento del pago del aguinaldo, una medida que agudizó el malestar entre los trabajadores y alerta gremial inclusive.

La compañía cuyana comunicó a través de un correo interno que el Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre se abonará en 4 cuotas, junto con los salarios de julio, agosto, septiembre y octubre. Según el mensaje, la decisión obedece a la falta de ingresos por parte de la Nación, en efecto el Gobierno no giró los fondos previstos en proyectos que debían ejecutarse a fines de junio. La empresa justificó la medida como un intento de preservar su funcionamiento regular “en un contexto financiero delicado”.

La noticia se suma a una serie de conflictos que atraviesan la planta mendocina de Godoy Cruz; el gremio denuncia demoras en el pago del retroactivo paritario, faltante de insumos y reducción de turnos. A eso se agregan suspensiones, retiros voluntarios y el recorte de horas extra. Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) advirtieron que evaluarán medidas de fuerza.

Como publicó BAE Negocios, IMPSA fue adquirida en febrero por el fondo estadounidense ARC Energy, a través del consorcio Industrial Acquisition Fund (IAF), que compró el 84,9% de las acciones que estaban en manos del Estado nacional y el Gobierno de Mendoza. De este modo, se convirtió en la primera empresa privatizada por el actual gobierno.

El nuevo directorio está encabezado por Jorge Salcedo Hernández y Juan Domínguez; sin embargo, los empleados señalan que la conducción efectiva está en manos del country manager Pablo Magistocchi, y denuncian una coordinación deficiente entre áreas. La administración, dicen, “está desarticulada y sin rumbo”.

En paralelo, IMPSA inició el proceso judicial para reestructurar su deuda a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial. El pasivo asciende a más de 560 millones de dólares. La propuesta consiste en amortizar el capital en 9 cuotas anuales, a partir de 2036 a 2044. Hasta entonces, los acreedores cobrarán intereses del 1,5% anual; en los primeros años se capitalizarán, y a partir de 2033 se abonarán en efectivo.

La empresa aguarda ahora la homologación del esquema en el Segundo Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza; también se comprometió a comunicar los avances a proveedores y bonistas. La falta de inversiones tras la reprivatización, sumada al incumplimiento de compromisos financieros y salariales, mantiene en tensión a una de las firmas históricas del aparato industrial argentino.