La maraña judicial por el tratamiento de los amparos contra el DNU 70/2023 cada día se complica más y todo indica que lo terminará resolviendo la Corte Suprema de Justicia. Luego de que la justicia laboral haya dado lugar a las medidas cautelares de la CGT y la CTA, este lunes por la tarde el Juzgado Laboral de Feria admitió otro amparo, esta vez presentado por la Federación Única de Viajantes de Comercio de Argentina (FUVA). En tanto, el Gobierno presentó la apelación de la sentencia del juez Enrique Lavié Pico que desarticuló el amparo colectivo y rechazó el pedido de inhibitoria.

El cruce entre el Gobierno y la Justicia alude al conflicto de competencia que se originó ante los múltiples amparos que se presentaron contra el decreto y que trascendieron en distintos juzgados: por un lado, las denuncias de los gremiales expidieron en el fuero laboral, mientras que otros denunciantes lo hicieron en el contencioso-administrativo, que a su vez había acumulado las denuncias en un amparo colectivo, según lo que dispuso el juez Esteban Furnari.

En esa línea, ante los amparos que se presentaron en el laboral, el Gobierno pidió trasladar esas acciones al contencioso para que todas las denuncias tramiten bajo el mismo tribunal, con un planteo de inhibitoria del juzgado laboral. El argumento se fundó en la finalidad acordada por la Corte Suprema de Justicia de "evitar la multiplicidad de procesos de igual objeto o con objetos superpuestos que pudieran dar lugar a sentencias contradictorias". El juez Furnari dio lugar a este pedido.

 

 

Sin embargo, el juez de feria en lo contencioso Enrique Lavié Pico, en una osada jugada de contradecir la resolución de su par Furnari, desarticuló ese amparo colectivo, aunque no así lo pidieron las partes. De esta manera, rechazó la inhibitoria del Gobierno y resolvió que todas las denuncias se traten por separado.

La apelación del Gobierno pide anular los fallos de la justicia laboral

Ante "la urgencia, gravedad institucional, escándalo e inseguridad jurídica", el Gobierno este lunes presentó un recurso de apelación de 56 páginas que, en primer lugar, sostiene que el juez Lavié Pico se extralimitó en sus funciones al contradecir al juez Furnari. "No solo el contenido de la sentencia resulta arbitrario e irrazonable, sino la forma en que el Sr. Juez de feria condujo el proceso, extralimitándose en sus facultades y por ello incurrió con su accionar en un exceso de jurisdicción".

En ese sentido, desarrolló que Lavié Pico, siendo "juez de feria, una autoridad que interviene transitoriamente, no puede contradecir la postura que hubiera adoptado al respecto el propio juez natural (Furnari)". Es decir, el argumento principal es que Lavié Pico, al desarticular los amparos colectivos, resolvió sobre una cuestión que no fue pedida por ninguna de las partes y, además, es contraria a la sentencia original de un juez del mismo grado.

En segundo lugar, con respecto al conflicto de competencia, le pidió a la Cámara Contencioso Administrativo Federal que resuelva a qué fuero le corresponde el tratamiento de los amparos, ante la resolución de la Cámara Nacional del Trabajo que, la semana pasada, dictó las medidas cautelares de suspensión del decreto en materia laboral.

Por último, en otra osada maniobra, esta vez del Poder Ejecutivo, pidieron la nulidad de la sentencia de las cautelares. Dado que la Cámara Contencioso Administrativo no puede anular la sentencia de lo resuelto en otro fuero, es probable que este punto recaiga en el máximo tribunal.

Amparo de FUVA: qué resolvió el Juzgado Laboral

En paralelo, la justicia laboral este lunes resolvió sobre otro amparo contra el DNU. La denuncia de FUVA se fundamentó en que es "dogmática y genérica" la enunciación del estado de emergencia que justificó el DNU desregulador, y, por lo tanto, no reúne los requerimientos expresados en la Constitución Nacional e "implica una ilegítima asunción de potestades legislativas". Así, la juez laboral Silvia Garzini dio lugar al pedido de "invalidez inconstitucional" de la reforma laboral que establece el decreto.

De esta manera, dictó una medida cautelar para suspender la aplicación del Título IV Trabajo, "y la suspensión preventiva e inmediata de la derogación de la ley 14.546 (estatuto del viajante), por cuanto su derogación comporta una inexcusable violación del orden jurídico constitucional".

 

La juez, además, insistió con que el objeto en cuestión es de competencia del juzgado laboral, ante el reclamo del Gobierno de remitir los casos presentados ante el presente fuero al fuero Contencioso Administrativo. Tras remarcarlo, la resolución del tribunal terminó por admitir la acción de amparo, hacer lugar a la medida cautelar y, por lo tanto, suspender preventivamente lo dispuesto en materia laboral en el decreto, "en cuanto afecta a los trabajadores representados por la entidad gremial requirente, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones".

Qué significa el fallo: admitir el amparo no es sentenciar

La resolución de la juez admitió la denuncia de FUVA, pero no adelantó opinión del tribunal. Es decir, accedió a darle tratamiento al recurso presentado por el gremio en contra el Poder Ejecutivo, que es a pedido de que se declare la "invalidez inconstitucional" del apartado laboral del decreto, mas no significa que haya emitido una sentencia al respecto.

Mientras, la medida cautelar es hasta que se expida sobre el fondo de la cuestión. Significa que se suspenden los efectos del decreto, hasta que haya un veredicto. El próximo paso es que el Ejecutivo conteste la demanda, el cual tiene 72 hs para hacerlo, según lo dispuesto en la resolución.