Acuciados ante el proyecto de Presupuesto bonaerense 2019 que les transfiere la responsabilidad de los subsidios a los boletos de colectivo y la tarifa social eléctrica sin los fondos necesarios y que al mismo tiempo registra la caída en la obra pública y evidencia el ocultamiento de información respecto a la ejecución presupuestaria, los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires encabezados por el titular y el vice del PJ, Gustavo Menéndez (Merlo) y Fernando Gray (Esteban Echeverría) respectivamente, se harán presentes hoy en la Legislatura a los fines de analizar la situación con los diputados y senadores pertenecientes a los bloques de Unidad Ciudadana-Frente para la Victoria-Partido Justicialista (UC-FpV-PJ) y del Partido Justicialista-Unidad y Renovación (PJ-UR).

La reunión se producirá luego de que la semana pasada los ministros de Economía e Infraestructura bonaerense, Hernán Lacunza y Roberto Gigante, expusieran ante los legisladores el proyecto de ley de leyes que contempla un mayor endeudamiento y la quita de recursos para los municipios.

"Comparado con el 2015 cuando la provincia tenía los niveles más bajos del país en inversión en obra pública y con impuestos récord, este presupuesto reduce a la mitad el déficit, eleva al doble la obra pública y baja impuestos distorsivos", intentó defender Lacunza luego de cinco horas de reunión con los legisladores de la bicameral que analiza el Presupuesto.

Por su parte, Gigante reconoció que "las obras no son muchas, todos sabemos que tenemos restricciones de presupuesto en la provincia", para luego señalar que la gobernación se dedicará "a terminar las obras que están en ejecución".

Esos anuncios, sumados al traspaso de responsabilidades para absorber los subsidios a la tarifa social de energía eléctrica y los destinados a los asentamientos que implican recursos cercanos a los 8 mil millones de pesos, lo cual llevará al desfinanciamiento de las arcas municipales, generó alarma entre los jefes comunales.

Estos también se muestran reticentes a hacer propios los subsidios al transporte automotor de las líneas internas y los correspondientes a la disposición de residuos en la planta de la Ceamse, lo que implica ceder una masa de dinero cercana a los 5 mil millones de pesos.

Los alcaldes peronistas entienden que la transferencia de esas obligaciones "complican el funcionamiento normal de los municipios, anexándoles responsabilidades por fuera de su competencia".

"Esta gestión se resiste a informar correctamente, y por el contrario pide que se les crea. Pero eso no se trata de un acto de fe, sino de información pública, que escasea para el control que debe ejercer la oposición como lo demanda la ciudadanía", advirtió Teresa García, titular del bloque de Senadores Unidad Ciudadana.