Interpol emitió este martes una “alerta roja” para la captura de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien se desempeñó como asesor del ex presidente Mauricio Macri y que había sido requerido por la jueza María Servini de Cubría para ser indagado por las presiones al Grupo Indalo, informaron fuentes policiales.

El ex asesor judicial de Macri se encuentra actualmente en Montevideo, donde solicitó asilo político, y a la espera de que las autoridades locales se pronuncien sobre el pedido que presentó.

El pedido de extradición de "Pepín", como supuesto ariete de la mesa judicial de Juntos por el Cambio, fue formulado por Servini en la causa que investiga supuestas presiones y asfixia financiera del Gobierno de Mauricio Macri a los accionistas del Grupo Indalo, dueño de la señal de noticias C5N y de Radio 10, entre otros medios.

Mientras tanto, la justicia uruguaya deberá resolver si avanza con el pedido de extradición que reclama la jueza Servini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, quien tenía previsto la indagatoria de Rodríguez Simón la semana próxima.

El jueves pasado, la justicia uruguaya suspendió el proceso de extradición de Rodríguez Simón hasta que haya una resolución firme vinculada con su pedido de refugio allí, pero a la vez dispuso que se le cierren las fronteras y le retengan todos los pasaportes para que no pueda salir de ese país.

La definición le quedó precisamente a la justicia, porque el artículo 41 de la Ley de Derecho al Refugio de Uruguay habilita a que "cuando los pedidos de extradición recaigan sobre solicitantes de refugio, será el Juez de la causa quien, en forma excepcional, previo informe de la Comisión de Refugiados, adoptará resolución sobre la solicitud de refugio, antes de resolver sobre la extradición".

De todas formas, para decidir si le concede el status requerido o no, la jueza deberá contar con el informe de la Comisión de Refugiados que está integrada por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, uno de la Dirección Nacional de Migración, uno de una universidad, un legislador, dos de organizaciones no gubernamentales y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o su representante, con derecho a voz, pero sin voto.

Aun así, la semana anterior el Poder Ejecutivo uruguayo emitió algunas señales tendientes a hacer público que no tiene interés en frenar el avance del proceso a través del cual se definirá el futuro de Rodríguez Simón y, sobre todo, si es devuelto a la Argentina.

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, pidió al ministro de Educación y Cultura (de quien depende Justicia), Pablo da Silveira, "tramitar en el menor tiempo posible" las acciones que conciernen al Poder Ejecutivo en el proceso de extradición, según publicó el periódico La Diaria.

"Pepín" está imputado en la Argentina en la causa por "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción", según surge del expediente judicial.

Entre los imputados también están Macri, el ex titular de la AFIP Alberto Abad, el ex asesor presidencial José María Torello y el ex director de Vialidad Nacional y ex ministro de Energía Javier Iguacel.

A Rodríguez Simón se lo acusa además de "haber amedrentado mediante amenazas, en una fecha ocurrida entre los meses de julio y agosto de 2019", a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, a quienes les habría advertido que si daban impulso a la denuncia penal en su contra habría "consecuencias negativas" para los negocios que, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenían quienes fueron socios de López en las empresas que explotaban el juego de azar.

Rodríguez Simón está citado para el 17 de junio (luego de que se postergara la primera convocatoria) pero ya anunció a través de los medios que no planea presentarse. Viajó a Uruguay en diciembre pasado y desde allí denunció ser víctima de una persecución judicial.