En un nuevo capítulo del litigio por la expropiación de YPF, el Estado argentino presentó dos escritos ante la jueza Loretta Preska para intentar frenar la transferencia de sus acciones al fondo Burford Capital. El Gobierno advirtió que cumplir con la sentencia violaría la legislación nacional, provocaría daños irreversibles y afectaría al interés público.

La Procuración del Tesoro argumentó que el fallo dictado por Preska —que condenó a Argentina a pagar USD 16.100 millones y ordenó la transferencia del 51% de las acciones en YPF— implicaría un cambio de control forzado, perjudicaría a los accionistas de la empresa y activaría cláusulas contractuales adversas.

Claves del planteo argentino

En los escritos presentados, la defensa del Estado planteó que el caso no constituye una disputa comercial común, sino que presenta una naturaleza jurídica excepcional. Afirmó que el juicio contiene cuestiones legales sin resolver y que incluso el gobierno de Estados Unidos discrepa con el criterio adoptado por el tribunal de Nueva York.

“No es una disputa comercial ordinaria, sino un caso sin precedentes con un fallo de USD 16.100 millones, aún apelado, que plantea cuestiones jurídicas complejas”, señala uno de los documentos.

La Procuración también enfatizó que la ejecución de la orden “obligaría a Argentina a violar su propia legislación y perder el control sobre YPF de forma irreversible”.

Además, sostuvo que no existe perjuicio directo para los demandantes si se concede la suspensión. Según la ley argentina, las acciones de YPF no pueden venderse sin aprobación legislativa, por lo que el traspaso no podría concretarse de inmediato. A su vez, alertó sobre el posible impacto en terceros no involucrados, como provincias y bonistas, que podrían verse afectados por cláusulas activadas automáticamente.

“Mantener el statu quo favorece el interés público”, advirtió el equipo jurídico del Estado.

Respuesta a los fondos demandantes

Argentina también respondió al fondo Bainbridge, al señalar que la orden de Preska alteraría sustancialmente el marco legal, político y operativo vigente. La transferencia de las acciones Clase D al Bank of New York Mellon —como paso previo para que Burford Capital tome control— violaría la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera y generaría consecuencias legales irreversibles para la estructura financiera de la empresa.

Frente al fondo Petersen/Eton Park, que citó declaraciones del gobernador Axel Kicillof como sustento del fallo, el Gobierno aclaró que Kicillof no integra la actual administración nacional y que su opinión política no forma parte de la estrategia jurídica del Estado.

Próximos pasos

La Procuración del Tesoro prepara una apelación formal ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York en caso de que Preska no acepte suspender su fallo. Ese recurso incluirá un nuevo pedido de “stay” para dejar sin efecto la orden de turnover mientras se analiza la validez de la sentencia en instancias superiores.

Además, el Estado insistió en que la transferencia de acciones debería realizarse, en todo caso, bajo un nuevo contrato de custodia y en una cuenta bajo jurisdicción estadounidense, una condición que considera inválida desde el punto de vista jurídico.

Fuentes oficiales remarcaron que el Gobierno seguirá litigando “en defensa de la soberanía y del interés público”, y que los demandantes no pueden alegar urgencia ni perjuicio por demoras en la ejecución.