La jueza federal María Romilda Servini, decidió a últimas horas de la tarde de este martes, dejar en libertad a 11 de las 16 personas que aún permanecían detenidas seis días atrás, en el marco de la brutal represión llevada a cabo por fuerzas federales mientras en el Senado se discutía la Ley Bases.

Quienes continuarán a disposición de la Justicia son los manifestantes Daniel Sica, Patricia Arredondo, Cristian Valiente, Facundo Ezequiel Gómez y Roberto María de la Cruz, en tanto que Juan Ignacio Espinetto, Camila Juárez, Nicolás Mayorga, Saya Lyardet, Héctor Mallea, Cristian Dario Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tocaba, Lucía Belen Puglia, Gabriel Famulari, recuperaran su libertad.

Los familiares de las 16 personas que hasta el momento del acto aún permanecían detenidas, acompañadas por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, sindicales y políticas, realizaron en la tarde de este martes, un acto en Plaza de Mayo en el que exigieron su "inmediata e irrestricta libertad" y el cierre de las causas en su contra.

Durante la actividad y sobre un precario escenario ubicado de espaldas al Cabildo. los familiares dieron lectura a un petitorio conjunto en el que reclamaron "la inmediata e irrestricta libertad de todas y todos los detenidos en ocasión de la masiva movilización del pasado miércoles 12 de junio contra la sanción de la denominada ‘Ley Bases’, ejerciendo su derecho democrático y constitucional a la protesta”.

En el documento denunciaron además, que las personas privadas de su libertad "han recibido durante su detención malos tratos" y exigieron "el cese de la criminalización de las organizaciones políticas, sociales y sindicales", las que por haber participado de la movilización, "para el poder Ejecutivo se convierten en ‘terroristas’ que actuaron en un ‘intento de golpe de Estado’", imputaciones a las que consideraron "totalmente absurdas e infundadas”.  

Los familiares también reclamaron "el inmediato cese" de la campaña "persecutoria contra quienes se oponen a la política del gobierno de Milei y el respeto irrestricto a los derechos y garantías vigentes”.

 

El fallo completo de la jueza Servini sobre los liberados por el acto frente al Congreso 

 

El acto de denuncia tuvo lugar sobre una Plaza de Mayo colmada, entre las que se destacaban banderas de organismos humanitarios como Madres de Plaza de Mayo, Correpi, el Ceprodh, la CTA autónoma y la CTA de los Trabajadores, ATE nacional y ATE CABA, como también de diferentes espacios políticos, entre ellos el PTS, el PO, el MST y la Izquierda Socialista, entre otros.

Entre los dirigentes políticos que se hicieron presentes se pudo advertir al senador Eduardo "Wado" de Pedro, a los diputados Nicolás del Caño, Germán Martínez y Leopoldo Moreau, al legislador Gabriel Solano y al ministro bonaerense Gabriel Katopodis, entre otros. 

Varios de los 17 liberados inicialmente, denunciaron que durante su cautiverion fueron rociados con gases lacrimógenos, recibieron malos tratos y fueron hostigados de diferentes maneras por sus carceleros: "Apenas entramos nos pusieron contra una pared y nos empezaron a tirar gas pimienta. Nos desnudaron y nos interrogaron", denunció uno de los apresados de nombre Matías al diario Página 12.

Otros, fueron arrojados al suelo, donde iban a recibir patadas, mientras los uniformados les pisaban las cabezas con sus borceguíes, lo que los dejría en situación de asfixia, en tanto que un joven se desmayó como consecuencia de la presión que ejercían los precintos sobre sus muñecas.

Organismos en alerta ante la represión 

La brutal represión de las fuerzas federales del Gobierno del presidente Javier Milei y las posteriores detenciones que sufrieron decenas de manifestantes, puso en alerta a los organismos de derechos humanos, entre ellos el CELS y Amnistía Internacional (AI).

Para el caso, el CELS denunció al Gobierno de Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas (ONU) por “restricciones al derecho a la protesta” por la fuerte represión desplegada durante el debate de la Ley Bases y las detenciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad.  

En tanto que la directora adjunta de Amnistía Internacional (filial Argentina), Paola García Rey, advirtió que denunciarán ante la CIDH y la ONU las detenciones registradas durante la movilización contra la Ley Bases: "Hasta que no se liberen a estas personas, Argentina viola los estándares de Derechos Humanos", indicó.

Diputados de UxP denunciaron a Bullrich

Un puñado de diputados que integran el bloque de Unión por la Patria (UxP), presentaron este martes ante la Justicia, una denuncia contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz de la brutal represión que las fuerzas federales llevaron a cabo el pasado miércoles 12 de junio, en el marco de la manifestación en contra de la Ley Bases.

En el escrito de la causa que quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, los legisladores acusaron a Bullrich, al secretario de Seguridad de la Nación, Vicente Ventura Barreiro y al titular de la Prefectura Naval Argentina, Guillermo José Giménez Pérez, por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tortura, lesiones graves y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos.

Al respecto, el titular del bloque de diputados de UxP, Germán Martínez, consideró "que la cantidad de pruebas y el contenido que nosotros pusimos a disposición de la Justicia  en Comodoro Py son contundentes" por lo que "no se va a poder no investigar".

La CGT advierte sobre escalada represiva

Por su parte, el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), emitió un comunicado en el que expresó su "preocupación por los hechos acontencidos" durante y después de la concentración que tuvo lugar el día del tratamiento de la Ley Bases en el Senado.

La central sindical reivindicó además "el derecho a la protesta que se encuentra reconocido y protegido por nuestra Constitución Nacional" y "Tratados Internacionales de Derechos Humanos", al tiempo que resaltó "la esencialidad de ese derecho para el funcionamiento de la democracia".

En otro tramo, la CGT repudió "el intento de criminalización de la protesta y la pretensión de equiparar el ejercicio de este derecho a un Golpe de Estado", falacia con la que se pretende ocultar justamente "el ejercicio autoritario del poder público, al utilizarlo para reprimir y criminalizar a legítimos manifestantes que ven afectados sus derechos, ante una ley que se trata en el Congreso teñida de denuncias de manipulaciones, que atropellan el procedimiento que establece la Constitución Nacional para la correcta y transparente formación de las leyes".

"En función de ello solicitamos la inmediata liberación de los detenidos", subraya en documento, en el que además, la central dice confiar "en que la Justicia no se dejará manipular", al tiempo que le requiere que investigue los hechos de violencia "que fueron armados por personal profesional infiltrado, incluso con material bélico" de los que solo disponen "los Ministerios de Seguridad y el de Defensa".