El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, sumó sus críticas al repudio de un amplio sector de gremios y el empresariado nacional hacia el Gobierno, por los perjuicios que atraviesa un vasto sector fabril desde diciembre de 2023.
En línea con lo que sostienen los sindicatos industriales y especialistas en el mundo del trabajo, Correa —de origen gremial y referente de los trabajadores de las curtiembres— calificó de “industricidio” la situación actual de la Argentina. En ese plano de análisis, le afirmó a BAE Negocios que no se trata de hechos al azar, sino de una decisión política deliberada. “La desindustrialización no es un fenómeno natural: es una política que busca destruir el aparato productivo nacional. Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense estamos comprometidos en defender las fuentes laborales y en promover políticas por la industrialización y el empleo genuino”, sostuvo.
Correa, de fluido contacto con sindicatos y ex funcionarios de administraciones peronistas, como su antecesor Oscar Cuartango, destacó que la prédica a favor de la producción es parte de la esencia que dinamiza la gestión de Axel Kicillof. “Implementamos programas de apoyo a las pymes, promovemos la registración laboral y trabajamos en conjunto con los sindicatos para garantizar los derechos de los trabajadores”, señaló. Y agregó: “Estamos impulsando políticas públicas que fomenten la inversión en sectores estratégicos para recuperar la capacidad productiva del país”.

La interacción entre sindicatos, empresarios nacionales y provinciales y el equipo de gobierno bonaerense, enfatizó, los encuentra “luchando por sus derechos y trabajando para generar las condiciones necesarias para que los trabajadores puedan tener un empleo digno y estable. Juntos vamos a salir adelante”.
En cuanto a la coyuntura marcada por la gestión libertaria, el ministro calificó como una “carnicería de empresas” a las políticas económicas del Gobierno Nacional. Mencionó los cierres de fábricas en distintas localidades de la provincia, con la consecuente pérdida de cientos de empleos, y denunció el desinterés oficial “por la producción y el trabajo, priorizando la timba financiera”.

Las expresiones de Correa se inscriben en un discurso compartido por sindicatos industriales como la UOM, los Aceiteros o la Mesa Sindical, que en las últimas semanas también denunciaron un “industricidio”. De este modo, la definición del ministro se articula con un lenguaje común del frente sindical-industrial, donde convergen gremios, especialistas y el propio gobierno bonaerense frente a la ofensiva libertaria.
En momentos en que la CGT y otras centrales obreras resaltan el perfil del gobierno provincial, no solo por su desempeño en las recientes elecciones, el respaldo sindical a Kicillof y a su equipo cobra un valor estratégico. Desde la provincia se busca consolidar un bastión opositor frente al modelo nacional, con políticas que apuntan a defender la producción y el empleo como bandera central.

El mensaje de Correa, así, combina tres ejes: la denuncia de política deliberadas, la reivindicación del gobierno provincial como referencia de resistencia y el planteo de que la provincia de Buenos Aires puede convertirse en motor de una alternativa nacional.
Desde los diferentes bloques gremiales que promueven reclamos por salarios, condiciones de labor y un cambio en las estrategias productivas, como ya han reseñado Aceiteros, la UOM, ATE, el Foro de Economía y Trabajo, la Mesa Sindical como además los Transportistas de la UGATT el desafío es avanzar desde un diagnóstico crítico de la coyuntura, sino apuntar a un proceso más amplio de rearticulación del frente sindical-industrial en la provincia de Buenos Aires y otros distritos. En el tramo final hacia las elecciones de octubre, la gestión de Kicillof aparece como un eje de resistencia y de propuesta, donde el respaldo gremial opera como plataforma para consolidar una referencia opositora con anclaje productivo y social. “El concepto de industricidio, funciona como bandera común frente a un modelo económico que prioriza la especulación financiera sobre el trabajo y la producción”, coinciden dirigentes sindicales y sectores empresarios nacionales.