La Uocra se declaró en estado de alerta por la pérdida de puestos de trabajo
Desde la que es considerada como "la madre de todas las industrias" se graficó el escenario económico y social de este rubro, ratificando además que la pérdida de empleo se incrementa ante la falta de medidas y diálogo social del Gobierno
La Unión Obrera de la Construcción (Uocra) se declaró en estado de alerta y asamblea en todas las obras públicas y privadas del territorio nacional. Esa organización analizó el presente crítico del sector industrial en cuanto a la pérdida de puestos de trabajo por la paralización en emprendimientos públicos. dispuesta por el gobierno, y la merma de la actividad privada.
A través de un comunicado remarcaron también “la ausencia de gestión e interlocutores válidos por parte del poder Ejecutivo Nacional, que se desentiende de la problemática que afecta a nuestra industria”. En términos similares a los que el titular de la Uocra Gerardo Martínez en representación de la CGT se manifestó ante Gita Gopinath, la titular de la comitiva del FMI, el gremio de la construcción remarcó el escenario donde se registra la caída de la actividad económica, la pérdida del poder adquisitivo y la ausencia de medidas concretas para la protección de salarios.
“En los dos últimos meses se han perdido 50.000 puestos de trabajo directos y más de 100.000 indirectos en nuestro sector por la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del actual gobierno, situación que pone en grave riesgo la continuidad laboral de gran parte de la actividad de la construcción”.
Desde ese prisma resaltaron además que “la obra privada no ha alcanzado aún niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que los privados sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública”.
La Uocra calificó como inaceptable que el gobierno de Javier Milei no asuma las responsabilidades por consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas. En ese punto subrayan que la falta de convocatoria al diálogo social pone “en riesgo la seguridad jurídica de inversión en obras públicas, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país”.