La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, rechazó el pedido de Argentina para suspender la transferencia del 51% de las acciones que el país tiene en YPF a los fondos buitre Buford Capital y Eton Park. Ahora, el Gobierno tiene que ceder su parte.

En un extenso fallo, la jueza argumentó que Argentina “aprovechó al máximo el tiempo extra” y “no realizó ningún esfuerzo para satisfacer las condiciones impuestas” en el juicio que empezó en 2012.

 

Preska falló en 2023 para que Argentina le pague al fondo buitre un total de USD 16.000 millones. Sin embargo, el Gobierno apeló en las distintas instancias para evitar la transferencia de dinero y del total de las acciones que tiene en su poder, que representan el paquete mayoritario.

El Gobierno argumentó en la apelación que la expropiación fue un acto de soberanía nacional, declarado de "utilidad pública" y respaldado por una ley del Congreso, buscando recuperar el control de un recurso estratégico como los hidrocarburos.

Según el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril, los próximos pasos en el juicio de YPF son:

• "Reunión martes entre abogados de Petersen/Eton, Bainbrigde y Argentina. Desconozco si YPF participará.
• Decisión Corte Apelaciones sobre el pedido de Argentina de suspensión del fallo de Preska (fecha incierta).
• 17 de Julio: fecha límite para entregar acciones de YPF. De no hacerlo, puede haber pedido de desacato (no es seguro esto aún)".

Qué es el pedido de desacato

La jueza Preska aseguró en el fallo que “la República abusó de las concesiones del Tribunal y, por lo tanto, no se le otorgarán concesiones adicionales”, esto adelanta la posibilidad de que ordene un desacato.

Un pedido de desacato es una solicitud formal que se presenta ante un tribunal para que se declare que una persona o entidad incumplió una orden judicial o una resolución previa emitida por ese mismo tribunal. En otras palabras, se busca que la jueza sancione a Argentina por no acatar lo que ya se le había ordenado legalmente. En este caso, por no pagar los USD 16.000 millones, ni entregar el paquete accionario.

Si bien el "desacato" en Argentina puede tener implicancias penales, en el contexto de un juicio internacional como el de YPF, las consecuencias por parte de un Estado soberano suelen ser diferentes. No implica necesariamente el arresto de funcionarios, sino más bien:

• Embargo de activos: La principal amenaza para Argentina es que los demandantes, ante un desacato, puedan solicitar el embargo de activos argentinos en el extranjero para cobrar la deuda. Esto podría incluir propiedades, cuentas bancarias, o incluso otros activos comerciales fuera del territorio argentino.
• Deterioro de la credibilidad internacional: Ser declarado en desacato por un tribunal internacional puede dañar la reputación financiera de Argentina, dificultando el acceso a mercados de crédito y aumentando el costo de endeudamiento en el futuro.
• Complicación de futuras negociaciones: Aunque el gobierno argentino insiste en agotar la vía judicial, la situación de desacato podría presionar a futuras administraciones a negociar en una posición de mayor debilidad.

Aunque Preska excluyó a YPF de responsabilidad directa, la orden de transferir las acciones estatales de la petrolera directamente a los demandantes tiene un impacto relevante sobre la empresa. La incertidumbre sobre la propiedad de las acciones y el potencial cambio de control podría afectar la estabilidad de YPF, sus proyectos de inversión, especialmente en Vaca Muerta, y su capacidad para obtener financiamiento, además de la soberanía.