El problema habitacional y la toma de terrenos se ha convertido en el nuevo foco de debate político hasta con cruces internos dentro del oficialismo.

La pandemia dejó en mayor evidencia la falta de acceso a la vivienda y al derecho a las necesidades básicas. En el medio de la necesidad de una vivienda digna, la Provincia de Buenos Aires quiere resolver la situación de las usurpaciones en el territorio bonaerense.

La Nación y el gobierno provincial mantendrán hoy un encuentro para seguir avanzando en la solución de las tomas en el distrito, con especial atención en la toma de Los Hornos, ubicada en la localidad de La Plata.

En este contexto, habrá una reunión de las ministras de Seguridad, Sabina Frederic, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque. El encuentro está previsto a las 15 en el ministerio de Seguridad de la Nación.

Los funcionarios de ambos distritos analizarán cómo ordenar el conflicto de la toma de Los Hornos. "Es una situación inestable", afirmaron fuentes bonaerenses. Los terrenos tomados son federales y abarcan unas 160 hectáreas, casi el doble de las tierras de Guernica, otra de las tomas más grandes de la provincia de Buenos Aires.

En Los Hornos, la usurpación comenzó en febrero pasado y fue creciendo durante la cuarentena. Según un relevamiento realizado por el Ministerio de Desarrollo provincial, viven unas 700 familias. "El camino es urbanizar y ya hay un plan en proceso", afirmaron fuentes oficiales.

El vía posible  es controlar la toma y evitar que siga entrando gente a los terrenos. Hasta ahora viene manejándose con efectivos de la Gendarmería. "El tema es que si sigue creciendo la toma no hay urbanización que alcance", analizaron con preocupación en la provincia de Buenos Aires.

La crisis social y económica producida por la pandemia desató un conflicto del que no se conocen indicadores precisos. Hoy una toma es alguien que alambra un baldío y delimita un terreno.

Una delgada línea política enfrenta a funcionarios con los dirigentes de las organizaciones sociales. Lo que es delito y el derecho a satisfacer una necesidad chocan en la lógica de una demanda social.

El referente social, Juan Grabois, fue el primer en advertir sobre una “ola de tomas” ante la profundización de la crisis social. Ante el crecimiento de usurpaciones en el sur del país, la ministra Frederic había dicho que el conflicto en Villa Mascardi no era una cuestión de seguridad sino de déficit habitacional. En un nuevo cruce, el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, fijó una posición más dura y respaldó el derecho de la propiedad privada.

Una ley provincial aprobada por la Legislatura en marzo pasado- 15.172- suspende las ejecuciones hipotecarias y desalojos en el territorio bonaerense hasta el 30 de septiembre, y contempla "aquellos casos de grupos de personas que pueden estar en situación de calle". Esta norma quedó en el medio de la polémica ante el aumento de la toma de terrenos.

Un sector de la oposición busca avanzar en iniciativas que contemplan desde la quita de planes sociales a quienes usurpen terrenos hasta en una reforma del Código Penal para que los fiscales instrumenten desalojos sin orden judicial.