En la cuenta regresiva, la Provincia de Buenos Aires buscará hoy encontrar una salida a la toma de terrenos de Guernica, donde se instalaron más de 1900 familias, a través de un pedido de audiencia con el juez de Garantías de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo.

El magistrado había fechado el 1 de octubre como límite para el desalojo de los terrenos ocupados en la localidad de Presidente Perón. Mañana vence es plazo dispuesto por la Justicia, pero ante la falta de una totalidad de acuerdo con las familias, el gobierno bonaerense planteará hoy en una audiencia la extensión de los plazos para lograr una negociación.

Un equipo ministerial asumirá de puente de diálogo con la Justicia mientras sigue obstaculizada la posibilidad de traslado de las familias. Por parte del ministerio de Justicia participan el titular de la cartera, Julio Alak, y el subsecretario de Política Criminal Lisandro Pellegrini. De Desarrollo, se suman el ministro Larroque; el subsecretario de Hábitat, Rubén Pascolini, director de Atención Inmediata, Santiago Fidanza, y la directora bonaerense de Niñez y Adolescencia, Eva Asprella.

" Hay un escenario donde el juez vuelva a postergar", se esperanzan desde La Plata. Las autoridades bonaerenses confían en que el juez Rizzo acceda a postergar el desalojo. El gobierno cree que sino sucede "va a ser una situación muy compleja".

Desde el ministerio de Desarrollo Social apuntan a "sectores de izquierda" como responsables de "boicotear el diálogo" con los tomadores de los terrenos. "Las organizaciones de izquierda no dejan entrar", protestaron de la cartera.

Ayer el gobierno bonaerense comenzó a firmar actas acuerdo con las familias censadas para retirarse voluntariamente del lugar. Hasta el momento suscribieron 165 personas de las 1900 familias involucradas en la toma.

La Provincia avanzó en un esquema de negociación donde el objetivo es relocalizar a las familias. Para ello se realizó un censo en que el se relevaron 1.904 grupos familiares. De aquellos, había 1.309 familias con niños o adolescentes; 307 personas adultas solas y 288 casos de otro tipo de constitución. Entre las consultas, se buscó determinar la procedencia de las personas. El 42,3% se negaron a responder. El 76,5% declararon pertenecer a Presidente Perón, mientras que el 23,5% provienen de diferentes partidos del Gran Buenos Aires.

El objetivo es "lograr una desocupación voluntaria y pacífica del lugar", señalaron fuentes bonaerenses. La idea del gobierno de Kicillof es reubicarlos en el mismo distrito de origen. El resto debería volver a su municipio. Hay familias de Almirante de Brown y de La Matanza, según lo censado. Incluso detectaron familias pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires.