En el sector registrado y sobre el imaginario ring de la puja salarial sobre un rincón aparecen los gremios y las centrales sindicales que, como la CGT, resumen esta era libertaria en: sueldos a la baja, precios libres y paritarias pisadas. Desde el rincón ocupado por la Casa Rosada se pregona que el freno al incremento sostenido de precios equivale a lograr la coronación en el Mundial de Clubes de fútbol.

Metáfora depotiva y global aparte, es así que con la misma letra y música del actual gobierno desde diciembre de 2023, en mayo el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que no se homologarán acuerdos paritarios con aumentos superiores al 1% mensual, para contener la inflación. Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acotó que tal pauta o tope salarial es “un ancla para la inflación”.

La estrategia que Javier Milei decidió para el freno a los precios, merced al ajuste hidráulico de los salarios y jubilaciones, a lectura gremial y de otros economistas, deviene en una pérdida de poder adquisitivo, sin recuperación, para los y las trabajadores en blanco.
En números, como referencia base, vale considerar que bajo el gobierno libertario los salarios formales privados perdieron un 11% frente a la inflación, y existe una caída acumulada del 25% desde el cierre de 2017.
En cuanto a aquellos/as que sobreviven desde el sector informal, el reglamento de ingresos tiene la adrenalina —por lo general no saludable— de quedar a merced de la puja entre la oferta y la demanda.

La dinámica de restringir la intervención estatal que declama la Casa Rosada no incluye, sin embargo, la restricción a convenios salariales vía homologación, un tópico que tiene su propia historia.
En consulta a especialistas sobre la cuestión, BAE Negocios incluso certificó huellas del pasado que, a la luz de graficar el presente, también otorgan colores de realce a la hora de describir que, también en paritarias, la narrativa incluye el “había una vez” clásico de narraciones.

De lo pisado en el pasado

Ya en 1988, el actual juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, advertía sobre los riesgos de que el Estado utilizara la homologación como un mecanismo para bloquear acuerdos paritarios. En su libro “Convenciones Colectivas de Trabajo”, sostenía que la ley debía garantizar agilidad y no convertirse en un freno. Por eso valoraba que la normativa estableciera un plazo para que el Estado se pronunciara —primero en 45 días, luego acotado a 30—, lapso tras el cual el acuerdo se consideraría automáticamente homologado.
“Este criterio es más apropiado con la naturaleza de la homologación, puesto que este requisito, que no es más que un control, no puede obstaculizar eternamente la convención”, explicaba el jurista.

A contramano de ese espíritu, el gobierno de Javier Milei apela a la homologación como una herramienta de disciplinamiento, dejando sin convalidar varios acuerdos salariales —incluido el de la UOM— por considerar que superan el “techo” que Economía impuso en la negociación colectiva.
Así, el control administrativo que debía ser un trámite se transforma, bajo la lógica libertaria, en un instrumento para frenar o demorar aumentos, incluso cuando son pactados entre partes en libertad de negociación.

“Desde lejos no se ve”

A consideración del presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Latinoamérica (AAL), Matías Cremonte, la cuestión de las paritarias pisadas se desarrolla durante décadas y a partir de un fuerte intervencionismo del Estado que las organizaciones sindicales no han acotado a su justa medida.
“Por un lado, es razonable que el Estado establezca que en una negociación salarial no se perforen los pisos mínimos en un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), ya que, caso contrario, se estaría renunciando a derechos que están establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo”.

No obstante, Cremonte advierte que “de ahí a otorgarle al Estado el poder de validar cada acuerdo que firmen sindicatos y empresarios, ya que dichos pactos pueden afectar el interés general… bueno, eso implica consentir que las mejoras en los sueldos pueden tener impacto inflacionario, y esos aumentos, desde luego, no lo son”.
A consideración del referente laboralista, la homologación implica otorgar un poder a la potestad administrativa del Estado, léase gobierno de turno, demasiado poderoso, “y ahora por estos días estamos asistiendo a las consecuencias de dicha alternativa establecida por normas”.

Cremonte enfatizó que las disposiciones en vigencia también incluyen la “homologación tácita”, como remarcó a este diario otro laboralista y docente de la UBA/Universidad de Moreno, Luis Roa.
“Es tal cual lo manifestó el doctor Roa. Apelemos a la figura de un cuello de botella para decir que no hay manera, en los hechos, de validar un acuerdo porque transcurrieron los 30 días que señala la normativa”, y acotó: “lo que corresponde discutir es si el poder del Estado para convalidar los convenios de salarios debe continuar en las actuales condiciones”.

Presente, la pauta salarial bajo la alfombra

El economista Federico Pastrana, de la consultora C-P, un investigador dedicado al estudio de paritarias desde 2008 a la fecha, no dudó en considerar que hay una cuestión singular por estas horas en materia de ingresos, capítulo Argentina. “Hoy asistimos a algo inédito: un gobierno que se planta con una pauta salarial por debajo de la inflación”.

Por la senda de la reseña histórica agregó que el gobierno de Mauricio Macri “apeló a las cláusulas de renegociación cortas y terminó indexando a lo loco. Pensemos que dicha gestión no tuvo temores a la indexación, a tal punto que para otra esfera, bajo la citada tónica, armaron los créditos UVA”.

Pastrana aseveró que, de hecho, las paritarias hoy son trimestrales, lo cual puede considerarse como “una indexación trimestral”, y separando etapas por diferencias consideró que, en el presente, “el escenario es bien distinto, a tal punto que aparece el actual gobierno con intención de consolidar una caída real, donde colocan a la inflación en el centro de la estrategia, mucho más de lo que pueda haber definido en su gestión —por citar un ejemplo comparativo— Cristina Fernández en sus mandatos”.

La letra chica y la incertidumbre

Otra de las fuentes consultadas para este informe fue el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Luis Campos. Quien consideró imprescindible tener en cuenta que el gobierno sigue con su política de obstaculizar las negociaciones salariales, imponiendo de hecho un tope en torno al 1% mensual.
“Las paritarias que superan ese porcentaje corren el riesgo de no ser homologadas, lo que dificulta su exigibilidad en todos los establecimientos. Ante las dificultades que presenta el programa macroeconómico del gobierno, se busca utilizar al salario como un ancla antiinflacionaria”.

Dicha práctica, según asumió Campos, marca los límites del ring salarial del empleo registrado. “La respuesta de los sindicatos está tendiendo a adaptarse a este tope, pero con cláusulas en la letra chica que hacen más difícil el cálculo del porcentaje real del aumento. Puntualmente, se está expandiendo la utilización de sumas fijas no remunerativas mensuales, que pueden o no incorporarse a los básicos, pero que en los hechos permanecen en el tiempo. Por ahora son respuestas de corto plazo, en un escenario donde reina la inestabilidad: nadie puede asegurar qué va a pasar después de octubre”.

Campos, como otros especialistas en la dinámica gremial, remarca que los sindicatos apelan a bonos, sumas fijas no remunerativas o revisiones periódicas para sortear las restricciones oficiales.

Lo que vendrá

El economista jefe de FIEL, Daniel Artana, en marzo había reseñado la reducción de la inflación a un solo dígito mensual, con el Gobierno poniendo en marcha políticas fiscales estrictas con una "férrea disciplina fiscal". No obstante, alertó que esos esfuerzos fueron acompañados por una “lenta recuperación de los salarios”, lo que refuerza la idea de pérdida en tales haberes

Este domingo, en un artículo de La Nación, Artana puntualiza que desde diciembre de 2023 a la fecha los salarios formales privados perdieron 11 puntos frente a la inflación en dicho período, y hay una caída acumulada del 25% desde finales de 2017.

Ante la consulta de este diario respecto a lo que vendrá, el economista señaló: “En materia de salarios formales, considero que van a continuar respecto a las expectativas de inflación hacia adelante. Es lo que ha sucedido hasta ahora, con alguna intervención de la Secretaría de Trabajo cuando los acuerdos pactados son muy superiores a la proyección de inflación.
Ahora, en cuanto a los salarios del segmento de los informales, dependen de la oferta y la demanda, por lo cual, en la medida en que la economía siga recuperándose, también esos salarios van a recuperarse”.

Cerca de la devaluación…

A criterio del economista de la UNDAV, Pablo Ferrari, “es imprescindible asumir que estamos ante un modelo que propicia la reducción de salarios, siempre en promedio. Por otro lado, si aumentan el desempleo y la informalidad, ambos factores van a generar salarios pisados.
En época de vacas flacas, tener empleo, aun mal remunerado, es mejor que no tenerlo, y tenerlo registrado es mejor que tener empleo no registrado. Corresponde, en cualquier análisis, asumir que el Gobierno decidió fijar una pauta salarial por debajo de la inflación.
Y esto incluye intervenir vía la no homologación en lo que los empresarias puedan acordar con los gremios”.

El analista le remarcó a este medio que aparece otro elemento donde, tendencialmente, los sectores más influyentes se desligan del salario. “Pongamos por ejemplo el grupo Techint, cada vez más petrolero, con menos peso que, por ejemplo, Arcor. Léase: para estos casos el salario aparece como un dato real; siempre se lo puede reducir más.
Estamos ante una situación donde todo indica que el salario va a reducirse. Sobre todo considerando la inevitable devaluación que va a tener lugar después de las elecciones”.

A la defensiva, como el juego del Calamar

El director de Épica Consultores, Martín Kalos, reseñó la discusión colectiva 2025 con un perfil “a la defensiva” de los sindicatos que negocian sus mejoras bajo las pautas normativas vigentes.
“El gobierno, como lo ha manifestado, intenta colocar un ancla a los precios y salarios, en el caso de los sueldos con el tope paritario del 1%. Sin perjuicio de que, en virtud de herramientas contables, algunos aumentos pueden ser mayores a la pauta.
Corresponde decir también que aquellas organizaciones gremiales que han pactado dentro de los límites que establece el gobierno han perdido contra la inflación”.

A criterio de Kalos, según lo explicó a este diario, se verifica una pérdida del salario real más allá de los índices que la Casa Rosada presenta como un éxito de gestión. Lo que no quita que, a futuro inmediato, el economista considere que la gestión libertaria “pretende seguir con esta dinámica”.
Una alternativa que se certifica en los textuales de los funcionarios sobre la negociación colectiva. Consultado sobre qué margen de optimismo queda para los gremios en esta coyuntura, Kalos no dudó en considerar que, a lo sumo, “algunas organizaciones de trabajadoras y trabajadores le van a poder empatar a la inflación”.

Dentro del esquema comentado, el economista rotuló que la puja salarial se mantendrá como “paritarias a la defensiva”, para lograr, de máxima, igualar los incrementos de sueldo con el nivel del aumento sostenido de precios. Con ingredientes que incluso condicionan a las paritarias, como la determinación del “fondo de cese laboral”, que ya cuenta la UOCRA desde hace años.

“Más allá de lo nociva que implica esa normativa, existe la barrera de que tal fondo deba ser pactado en las negociaciones paritarias”. Kalos enfatizó que la mirada de gremios y empresas estará atenta a la renegociación de los convenios por mejoras. Un monitoreo que —explicó— no solo tiene que ver con los porcentajes a pactarse, sino también con los términos de cada pacto.

En cuanto a los trabajadores y trabajadoras informales, el analista recordó que dicho segmento “corre de atrás” a los acuerdos del mercado laboral registrado. De allí que las mejoras para el denominado “trabajo en negro” tienen que ver con la inflación de varios meses pasados.
Lo cual determina que la pérdida de poder adquisitivo “no se va a recuperar”, dijo Kalos, para acotar: “atención que estamos hablando de un pozo salarial muy considerable que no tendrá alternativa de mejora”.
El interrogante queda abierto y en estado de riesgo potenciado para el segmento informal, rubricó Kalos.