La asociación Abuelas de Plaza de Mayo denunció una "embestida" contra la búsqueda de los nietos apropiados, luego de que este miércoles se conociera la noticia de que el Gobierno del Presidente Javier Milei, eliminara mediante un decreto, la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado (UEI).

"Denunciamos una nueva embestida contra la búsqueda de nuestras nietas y nietos apropiados durante la última dictadura cívico militar" con la confirmación del decreto que elimina la UEI, dependiente de la CoNaDI, señaló el organismo de derechos humanos que preside Estela de Carlotto, a través de un comunicado.

En el documento, se señala que "la práctica sistemática de robo de bebés" fue probada y condenada por la justicia hace ya 12 años, delito que además de la sustitución de identidad de menores, "implicó el secuestro, desaparición, partos en condiciones infrahumanas y asesinato de nuestras hijas y nueras".

"Como advertimos hace un mes y medio –y el propio decreto reconoce–, es obligación de todos los poderes del Estado garantizar el cese del delito de apropiación", por lo que en tal sentido, le exigen al Gobierno nacional "que informe cómo continuará desarrollando la tarea que lleva a cabo la Unidad, central para esclarecer este delito de lesa humanidad".

Subrayan además, que "el pedido de información a otras dependencias del Estado es un instrumento fundamental para la resolución de la apropiación de menores en dictadura, pero también en democracia".

"Al desfinanciar, vaciar y eliminar áreas que atienden la problemática de los derechos humanos en general, y el derecho a la identidad en particular, el Estado argentino, en su conjunto, incumple normas internacionales de rango constitucional", al tiempo que "garantiza impunidad por crímenes ocurridos, pero también por ocurrir", advierte el comunicado.

También considera que "es falso que la labor de la UEI se superponga con la del Poder Judicial, ya que durante todos estos años han trabajado de manera mancomunada y complementaria para dar celeridad a esta búsqueda que lleva más de 40 años".

En esa línea, Abuelas sostiene que "el propio Poder Judicial, lejos de ver una intromisión en su tarea, reconoce el aporte de estas herramientas, construidas como políticas públicas de la democracia", ya que al igual que otros organismos del Estado, "la UEI fue creada para auxiliar a la Justicia, con el objeto de hacer más eficaz y ágil su trabajo".

El  Decreto 727/24,   fue dado a conocer a algo más de un mes de que un grupo de diputados y diputadas de la La Libertad Avanza realizarán una visita a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, detenidos en la Unidad Penal de Ezeiza.

El hecho generó inquietud social y un revuelo en la Cámara de Diputados, desde donde la oposición enrolada en Unión por la Patria (UxP), presentó un proyecto que impulsaba la creación de una comisión especial para evaluar la expulsión de los legisladores nacionales que participaron de dicho encuentro. 

Es por ello que el organismo que lidera Carlotto, advierte que la decisión del Gobierno de eliminar la UEI "obstaculiza la búsqueda de nuestros nietos y nietas y favorece la impunidad".

"No podemos dejar de ver esta medida como parte de un plan, que incluye la visita de los diputados de LLA a los represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre muchas otras medidas que atacan derechos de la ciudadanía", subrayán.

Además, el organismo de derechos humanos le pide a las autoridades correspondientes que concreten la reunión del Consejo asesor de la CoNaDI, cuyos miembros -entre ellos representantes del Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Nación- vienen solicitando desde que trascendió el proyecto de decreto.

Finalmente, plantea que el Gobierno deberá informar "cómo garantizará la búsqueda de los 300 nietos y nietas que falta encontrar y con ello, el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado argentino".