La promoción en redes sociales de una empresa de criptomonedas por parte del presidente Javier Milei desató una fuerte controversia política. Desde la oposición lo acusan de haber violado la Ley de Ética Pública (Ley 25.188) y piden que se le inicie un juicio político.

Dicha ley establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todos los funcionarios públicos, en todos los niveles del Estado. La oposición centra su acusación en el artículo 2 de la norma, que impone, entre otras obligaciones, actuar con transparencia, velar por el interés público, evitar beneficios indebidos y abstenerse de utilizar bienes o recursos del Estado para promover intereses privados.

El apartado que más polémica generó fue el inciso g), que prohíbe expresamente "usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa".

Desde el Congreso, legisladores opositores aseguran que la promoción de Milei constituye un caso claro de conflicto de interés y abuso de poder. También señalaron que la Ley de Ética Pública establece penas que incluyen prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para quienes, por su cargo, favorezcan intereses propios o ajenos en operaciones vinculadas al Estado.

"Es inadmisible que el Presidente utilice su posición para publicitar una empresa privada y, encima, relacionada con un sector financiero tan riesgoso y poco regulado", expresó un diputado de la oposición.

Mientras tanto, en el oficialismo guardan silencio, aunque algunas voces deslizaron que el episodio fue un "error" del Presidente, pero no amerita sanciones legales ni políticas. Sin embargo, el clima en el Congreso es de tensión, y la posibilidad de buscar un juicio político sigue latente.