El cierre de la planta de Dánica en la localidad bonaerense de Lavallol se cifra como una postal de época e hilvana diferentes tópicos de la economía, la política y la gestión libertaria. Detonó en 150 despidos, que ya fueron notificados al personal, recorre las variables del mercado, el jaque a la industria, y navega en las aguas del “adaptarse o morir” que vaticinó el presidente Javier Milei pero además, a los ojos y análisis de la dirigencia sindical, toma impulso para avasallar derechos a trabajadores en el nombre de la siempre vigente “baja del costo laboral” de las compañías.
Con antecedentes que fueron publicados por BAE Negocios en 2021 cuando la firma ya se planteaba trasladar una planta ubicada en la provincia de San Luis a Córdoba, ese mismo destino asoma ahora como paso a concretarse, a la luz de legislaciones más apetecibles a los intereses patronales y la bienvenida a brazos cordobeses abiertos por sumar empleo y producción.
En efecto, un año después de la pandemia Córdoba ofrecía ventajas concretas para su arribo a esta industria alimenticia. La resistencia sindical de los puntanos y su federación nacional logró frenar aquel intento.
Hasta el cierre de la fábrica en Lavallol Dánica contaba con dos plantas, la citada bonaerense con la elaboración de margarinas y la de Villa Mercedes, San Luis, dedicada a aderezos, premezclas y otros productos. Entre ambos polos fabriles la firma daba trabajo a casi 400 personas.

Dánica incluso pondera que su estructura y la red de distribución le garantiza la llegada a los comercios de todo el país a supermercados, mayoristas, almacenes, panaderías y restaurantes. 
Con el cierre de Lavallol a punto de “cosa juzgada”, el titular de la Federación de Trabajadores Aceiteros, Daniel Yofra, apuntó al Gobierno de Javier Milei como el responsable en alta gama.
El sindicalista viene manifestando que el Gobierno se propuso eliminar derechos a los trabajadores y no duda en remarcar que “las políticas gubernamentales lo certifican”. Yofra destacó la actividad que tiene Dánica desde 1940, elaborando productos que siempre generarron réditos y minimizó el argumento empresario sobre la caída de ventas. Sin perjuicio de esa consideración, en diálogo con la AM 750 aceptó que la apertura de importaciones tuvo su impacto en este mercado ya que hace imposible la competencia de precios.
Pero remarcó que la impronta gubernamental beneficia a las empleadores para bajar costos y en el caso de la la elaboradora de Lavallol la cuestión deriva en 150 despidos registrados, además de los subcontratados. “Estas son las políticas de los gobiernos les permiten a las empresas 'reconvertirse' como dicen ellos. Manejan números, no con la sensibilidad que puede y debe tener un país  para los trabajadores en la industria”, disparó a la administración libertaria.
“Después de 80 años una empresa viene y quiere cerrar porque dicen que no les da la ganancia que pretenden. Quieren pagar menos y se van a donde les dan la posibilidad, en este caso, Córdoba”.