El presidente Alberto Fernández recibió esta tarde a representantes de comunidades originarias de Jujuy para interiorizarse sobre la situación en esa provincia tras la reforma constitucional impulsada por el gobierno del radical Gerardo Morales y la represión policial contra las movilizaciones en distintos puntos de esa provincia.

La reunión, en la que las organizaciones le hicieron entrega al mandatario de un escrito en el que fijaron posición sobre lo sucedido en la provincia norteña y en la que le adjuntaron un petitorio, tuvo lugar en la residencia presidencial de Olivos.

Sobre el encuentro, el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Esteban Castro, informó que "unos doce compañeros y compañeras" participaron de la reunión, en la que expresaron que se encuentran "en una situación de mucha vulnerabilidad".

"Expresaron al Presidente una situación muy compleja de represión y persecución", sostuvo el dirigente, el que aseguró que a consecuencia de ello, hubo "varios heridos", uno de ellos "con tres balazos de goma, uno en la sien y dos en la frente", en tanto que otras tres personas "perdieron un ojo".

"La situación represiva continúa, hay mucha persecución, patrulleros en la casa de los compañeros o esas camionetas blancas que son de alguna empresa que trabaja para Morales", contó Castro y señaló que "se le planteó al Presidente de qué forma se puede intervenir porque no se respetan los derechos humanos".

Castro afirmó que en la reunión "el Presidente planteó que solo se puede intervenir con una ley, que debe ser votada en el Congreso" y expresó que se trata de "una ley que hoy no saldría aprobada porque toda la oposición está en contra".

"La conversación fue buena, una hora y media de escucha. Se hicieron planteos de cómo reducir los niveles de represión" al tiempo que Castro indicó que "hay organismos internacionales que están diciendo que el gobierno de Jujuy tiene que parar la represión".

Asimismo, señaló que los representantes de las comunidades "comentaron que ayer se vivió una represión en Perico, que fundamentalmente fue un desalojo que tuvo que ver con sacar a los trabajadores de los pueblos originarios y docentes de la ruta, que reclamaban que se cayera esa reforma. Esa represión se hizo para que pueda salir el gobernador".

Castro manifestó que en la reunión "se quedó en seguir en comunicación directa con el presidente del INAI, que estuvo presente en la reunión con otros colaboradores" y expresó que "los compañeros pidieron que algunas oficinas estén en lugares más vinculados a las comunidades":  "Se quedó en seguir trabajando juntos".

La reunión se concretó el mismo día en que la secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó a la Justicia Federal que inicie una "investigación penal urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión" llevada a cabo en Jujuy contra quienes protestaban contra la reforma constitucional impulsada por Morales.

Fuentes de ese organismo indicaron que la presentación judicial incluyó "testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy que fueron recogidas en los últimos días por la delegación que encabezó el secretario Horacio Pietragalla Corti en la provincia".

La denuncia se suma al hábeas corpus presentado ante la Justicia para que se garantice el derecho a la protesta.

A partir de ese pedido, el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que "se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes" y llamó al Gobierno de Morales "a iniciar una instancia de mediación, que hasta el momento no fue cumplida".

En tanto, hoy por la mañana, la dirigente social Milagro Sala fue trasladada desde su casa -en donde cumple arresto domiciliario- para una junta médica que, según sus defensores, se realizó "sin una orden judicial" y con la intención de llevarla a "una cárcel común".

Según se informó luego, Sala fue trasladada a una dependencia del Poder Judicial, pero finalmente no se cumplió con la evaluación médica por la mediación de sus abogados, por lo que la dirigente social fue llevada nuevamente a su domicilio, ubicado en el barrio Cuyaya, de la capital jujeña.

Los reclamos en la provincia, que se iniciaron por parte de los docentes y a los que se sumaron múltiples sectores de la sociedad, llevan 22 días de manera ininterrumpida en el distrito.

En medio de esta situación, esta mañana, mujeres residentes en la Quiaca tomaron la decisión de escenificar una crucifixión colectiva en cercanías al corte de ruta que mantienen manifestantes en el ingreso a esa localidad, ubicada en el extremo norte de la Argentina.

La Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, en tanto, recogió testimonios de víctimas de la represión policial y advirtió sobre situaciones de "terror generalizado".

El trabajo realizado por el equipo de referentes sociales, políticos y sindicales permitió la recepción de más de 150 denuncias en sus visitas a Purmamarca, Tilcara, Abra Pampa, Uquía, Perico y San Salvador de Jujuy.

El sábado 17 de junio pasado, en la intersección de las rutas nacionales 9 y 52 en la entrada a Purmamarca, efectivos de Infantería de la policía reprimieron en cuatro ocasiones a manifestantes que cortaban el tránsito y hubo heridos con balas de goma y casi 30 detenidos.

Los ataques se produjeron en medio de protestas de comunidades originarias y organizaciones sociales en el norte de Jujuy, en apoyo a diversas demandas y contra la reforma parcial de la Carta Magna provincial que fue aprobada por una Asamblea Constituyente.

El 20 de junio hubo otra violenta represión policial frente a la Legislatura provincial, mientras se aprobaba y juraba la nueva Constitución, con más de 170 heridos y 68 detenidos.