La causa por presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó hoy un nuevo capítulo. La Justicia allanó propiedades de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, y de Daniel Garbellini, otro ex funcionario, en barrios privados del Área Metropolitana de Buenos Aires. Además, en una sucursal bancaria se abrió una caja de seguridad a nombre de Spagnuolo donde se encontraron USD 80.000 y 2.000 euros sin declarar, según confirmaron fuentes judiciales.

Allanamientos y hallazgos

Los procedimientos de este viernes incluyeron operativos simultáneos en residencias de Spagnuolo y Garbellini en countries del AMBA, así como en dependencias bancarias. En el caso de la caja de seguridad de Spagnuolo, la policía secuestró divisas extranjeras que no habían sido declaradas.

Las medidas fueron dispuestas por el fiscal Franco Picardi, quien además ordenó bloquear otras cajas de seguridad vinculadas a imputados y familiares para impedir movimientos mientras se desarrolla la investigación. Todos los operativos se enmarcaron en el expediente que tramita en el juzgado federal de Sebastián Casanello.

Movimientos en la defensa

En paralelo, los abogados defensores de Spagnuolo, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, presentaron su renuncia a la representación. “Por motivos personales renunciamos al cargo de abogados defensores del Sr. Diego Orlando Spagnuolo que nos fuera oportunamente conferido”, afirmaron en el escrito remitido al juzgado.

Hasta el momento, la estrategia de Spagnuolo había sido no acompañar el pedido de nulidad presentado por la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina, también investigada en el expediente. Sus abogados habían pedido una prórroga para revisar la causa antes de fijar posición. Tras su apartamiento, queda en suspenso si el exfuncionario podría optar por convertirse en imputado colaborador, aunque su entorno sostiene que aún no tomó una decisión definitiva.

El planteo de nulidad presentado por los Kovalivker cuestiona la validez de los audios como prueba, denuncia un inicio del proceso con “oscurantismo” y alega vulneración al derecho a la intimidad. La resolución sobre ese pedido está en manos del juez Casanello, que aguarda las opiniones de la fiscalía y de la querella —a cargo de la ONG Poder Ciudadano— antes de expedirse.

Declaraciones claves

En las últimas horas también declaró como testigo el consultor político Fernando Cerimedo, asesor de La Libertad Avanza. En su presentación ante Picardi ratificó que Spagnuolo le había relatado un esquema de sobornos en la compra de medicamentos, con derivaciones hacia altos cargos en el Gobierno nacional. Según su testimonio, esas conversaciones se extendieron durante 2024 y fueron progresivamente detallando la estructura de los pagos indebidos.

Cerimedo ya había hablado públicamente la semana pasada, cuando negó que se tratara de una “operación política” y sostuvo que “alguien tenía guardados esos registros y lo usaron en época de elecciones”.

El expediente bajo secreto

La investigación se mantiene bajo secreto de sumario y, hasta el momento, ninguno de los involucrados —Spagnuolo, Garbellini o los Kovalivker— recibió una imputación formal. Picardi podría prorrogar la reserva por otros diez días.

El caso se originó con la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, quien aportó los audios difundidos en el canal Carnaval Stream, donde Spagnuolo mencionaba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem como parte de un presunto esquema de coimas.

En paralelo, avanza otra investigación a cargo del fiscal Carlos Stornelli por una presunta operación ilegal de inteligencia, tras la difusión de nuevas grabaciones. En ese expediente declararon los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, quienes aseguraron no estar imputados y se pusieron a disposición de la Justicia.