Aún no cerraron el INADI, pero ya avanzan los recortes
El Gobierno se defendió de las acusaciones de racismo y xenofobia, y reveló que ya habían avanzado con el recorte de gastos en el organismo: “Contaba con una superestructura que no aseguraba que su trabajo fuera eficiente”
El Gobierno ratificó que el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) formará parte de la lista de organismos absorbidos por el plan Motosierra. Fue promesa de campaña ya cuando el liberalismo se postulaba para el Congreso, y además formaba parte de uno de los puntos de la fallida Ley Bases. Si bien todavía no lo cerró, el Gobierno ya comenzó a avanzar con el recorte de gastos en el instituto, creado hace 30 años.
En lo que va de su gestión despidieron a 75 personas, redujeron los sueldos y le pidieron la renuncia a los 43 delegados de todo el país, según difundió el Gobierno luego del anuncio del vocero Manuel Adorni. Además, recriminaron que el instituto contaba con alquileres millonarios "inútiles, concebidos con fines políticos, ajenos a la tarea del organismo", de los cuales también se deshicieron.
Las fuentes detallaron que las tareas que conciernen "a un derecho tan importante como es la no discriminación" serán dirigidas por el ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona: "El personal idóneo que trabaja en el INADI será transferido al ministerio", expresaron desde la cartera, que además sostuvieron que ya tienen elaborado un protocolo de actuación e investigación, y un régimen de educación general y capacitación.
El Inadi se proclama defensor y combatiente de "toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, impulsando políticas públicas, federales y transversales en articulación con la sociedad civil para lograr una sociedad diversa e igualitaria". Pero el presidente Javier Milei lo ve como un instrumento de persecución ideológica. Además, denunciaron que el inmueble designado para su funcionamiento en realidad se usaba como una cueva para la compra-venta de dólares.
El organismo ideólogo del Inadi, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), expresó en redes que "la decisión de cerrarlo, atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad, que es ejemplo a nivel mundial”.
Ante estas acusaciones, el Gobierno respondió evidenciando la presunta ineficiencia del instituto: "El INADI contaba con una superestructura que no aseguraba que su trabajo fuera eficiente, por ejemplo, tenía 7.000 expedientes sin trámite ni resolución". Y agregó: "En dos meses ya se resolvieron 2.000 de ellos".
Asimismo, subrayaron que como mandatarios creen que "es una prioridad" cuidar que la sociedad sufra de discriminación, xenofobia y/o racismo. Sostienen que desde el ministerio se trabajará sobre la problemática "con orden, seriedad e idoneidad".
Cómo planean eliminarlo es aún una incógnita: el instituto, el cual en 2023 obtuvo un presupuesto de $1.150.770.524, fue creado por ley en el año 1995 por el expresidente Carlos Menem conforme a convenciones internacionales, por lo que "su supresión se hará de la manera que corresponda, de acuerdo a la legislación vigente", reconoció el comunicado oficial.
La escueta definición sobre cómo procederán, y teniendo en cuenta que la eliminación del organismo ya estaba prevista en la Ley Ómnibus, pero no pudo pasar, desprende que por ahora el Gobierno va a continuar reduciendo y recortando el organismo en cuotas hasta que, aunque sea, se consuma su diseño.
Actualmente, la interventora del organismo es María de los Ángeles Quiroga, designada por el mandatario y el titular de Justicia a través del Boletín Oficial el pasado miércoles, donde además prorrogaron por 180 días su intervención.
