El juez de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Andrés Gallardo, le ordenó este lunes al Gobierno a cargo de Jorge Macri, que organice el operativo de seguridad de la próxima marcha de los jubilados, que se realiza este miércoles frente al Congreso. 

El magistrado le exigió al Ministerio de Seguridad que se abstenga de intervenir en la protesta "más allá de los límites de protección de intereses federales". Gallardo tomó esta decisión tras un pedido de una medida cautelar, que pone en el centro de atención a Patricia Bullrich.

La gestión de Macri presentó la apelación a través de la Procuración General y pidió que se revoque el fallo del juez Gallardo sobre el control del operativo de seguridad. La administración porteña solicitó que se eleve en forma urgente a la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo para su inmediato tratamiento a menos de 24 horas del inicio de la movilización anunciada por la CGT en apoyo al reclamo de los jubilados.

El amparo que dio lugar al fallo del juez Gallardo fue presentado por Walter Alejandro Gramajo, secretario General y representante legal de la UTEP, junto con Julio Piumato y Maia Volcovinsky, cosecretarios de DDHH de la CGT y secretarios de UEJN. En el escrito citaron el artículo 129 de la Constitución Nacional, donde se reconoce la autonomía de CABA. Además, recordaron que en los artículos 23 y 24 de la Ley de Seguridad Interior (24.059) se establece cuándo pueden intervenir las fuerzas federales fuera de su ámbito.

El Ministerio de Seguridad Nacional también presentó una denuncia formal por mal desempeño contra el juez Gallardo ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La presentación fue realizada por el Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio, Fernando Oscar Soto, quien en representación del Ministerio solicitó que se evalúe la actuación del magistrado porteño.

El escrito señala que Gallardo incurrió en mal desempeño “por haber intervenido en una causa sin contar con competencia ni jurisdicción para ello”. El Ministerio de Seguridad sostuvo que el juez resolvió sobre “una situación futura e hipotética”, ya que el amparo presentado por la CGT, la UTEP y la UEJN no se basó en un hecho concreto sino en una protesta prevista para días posteriores. En medio de toda la batalla judicial, aún no está determinado quién se ocupará de la seguridad durante la marcha.