La presidenta de PRO, Patricia Bullrich, esta vez dejó boquiabiertos a los integrantes de su propio partido. Sin rodeos y casi en soledad, criticó a través de las redes sociales a los 39 diputados de ese espacio que el miércoles último votaron a favor de la prórroga y ampliación de la ley de integración socio urbana de barrios populares, que suspende por 10 años los desalojos.  

"Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo”, publicó la ex ministra de Seguridad en su cuenta personal de Twitter, junto a una leyenda que decía “Suspendieron el desalojo en los barrios populares por 10 años”.

Es posible que ni siquiera Mauricio Macri en su nueva versión acuerde del todo con la ley 27.453, que se sancionó durante su gobierno, sin embargo los diputados que le son más leales no dudaron en apoyar el proyecto que se debatió ayer, entre ellos Hernán Lombardi y Federico Angelini. También lo hicieron algunos que se referencian en Bullrich, como Laura Rodríguez Machado, que no sólo votó a favor sino que además destacó la continuidad de esa política.   

De los 227 votos afirmativos, 39 provinieron de la bancada de PRO, que conduce Cristian Ritondo. Silvia Lospennato y Victoria Morales Gorleri son dos de las diputadas que más defendieron en el recinto la iniciativa. El único legislador de esa fuerza que votó en contra fue Francisco Sánchez, que está cada vez más aislado del resto, más aún luego de sus reiterados pedidos para que se reinstale la pena de muerte en el país. En tanto, Gustavo Hein y Marilú Quiroz se abstuvieron.

Las palabras de Bullrich generaron malestar entre sus socios de la UCR y la Coalición Cívica, que lejos están de arrepentirse por la forma en que votaron, pero sobre todo reavivaron las internas dentro de PRO, donde varios creen que el único objetivo de la ex ministra fue diferenciarse del mandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Patricia, nuestro espacio siempre se propuso como norte resolver los problemas de la Argentina. La ley que sacamos en 2018 para la integración de los barrios populares viene a dar respuesta a cinco millones de personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, y salió con el consenso de todo el espacio”, dijo la ministra de Desarrollo Social de la Ciudad, María Migliore.  

"En la Ciudad venimos llevando adelante la política de integración más importante de la Argentina, nivelando la cancha para que el trabajo y el esfuerzo sirvan para progresar”,puntualizó la funcionaria porteña. Y agregó: "De ninguna manera implica validar tomas o usurpaciones, la ley define territorios específicos de intervención, y estamos en contra de las tomas. Pero sí reconocemos que hay que ocuparse de estos temas que arrastran décadas. Con un norte de nivelar oportunidades y generar desarrollo".

A diferencia de otras veces, desde el interbloque de Juntos por el Cambio se mantienen firmes en cuanto a haber acompañado el proyecto, a pesar de los cuestionamientos de Bullrich. "Si Patricia no quería que se vote, debería habérselo avisado antes a sus diputados", dijeron desde la UCR. En PRO prefirieron llamarse a silencio, aunque off de record atinaron a decir que "se votó lo que se defendió durante el gobierno de Cambiemos". 

Uno de los principales argumentos que dan en la alianza opositora para defender la iniciativa es que la reforma de la ley tiene como objetivo agilizar los procesos de urbanización y ayuda a tener un mejor acceso a los servicios públicos, además de prorrogar los desalojos.

Según datos del ReNaBaP, existen 656 proyectos de integración socio urbana en todo el país, que benefician a unas 400 mil familias, y generan 120 mil puestos de trabajo. Una parte de esas obras se financian con un porcentaje de lo recaudado a través del Aporte Solidario de las grandes fortunas y por el impuesto PAIS.

Se calcula que 1,2 millón de familias vive en barrios populares en Argentina, lo que representa unos cinco millones de personas, más del 10% de la población total del país.