La Cámara Federal de Casación Penal definirá si Cristina Fernández de Kirchner puede recibir visitas sin restricciones mientras cumple prisión domiciliaria en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la condena en la causa Vialidad.

El Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) habilitó la vía casatoria solicitada por sus abogados defensores, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy. Ahora, la defensa tendrá diez días para presentar su recurso ante la Sala IV de la Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. La decisión será tomada tras la opinión del fiscal de esa instancia, Mariano Villar.

El reclamo apunta contra una de las condiciones impuestas por el TOF 2: la obligación de informar previamente a quiénes ingresan a su domicilio. Si bien Fernández de Kirchner presentó una lista reservada de custodios, familiares, médicos y abogados, su defensa busca ampliar el régimen de visitas sin necesidad de autorizaciones judiciales.

Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu consideraron que el planteo fue presentado en tiempo y forma, y que corresponde revisarlo por posible error en la interpretación de la ley sustantiva.

Beraldi y Llernovoy argumentaron que la expresidenta necesita mantener contacto con contadores, apoderados, peritos judiciales y asesores que colaboran en actividades permitidas por la ley. Además, señalaron la importancia de las visitas personales. “Las personas que, sin ser familiares, mantienen con ella vínculos de amistad y afecto, conforman una parte fundamental de su vida”, sostuvieron.

Los abogados también recordaron que Cristina Kirchner preside el Partido Justicialista, por lo que debe poder reunirse con referentes políticos, tanto del país como del exterior. “No parece sensato que esta clase de encuentros deban estar supeditados a la obtención de autorizaciones judiciales previas”, afirmaron.

En la apelación, la defensa subrayó que la normativa vigente no autoriza a los jueces a imponer restricciones adicionales a quienes cumplen condena bajo la modalidad de arresto domiciliario. “Si no se revierte esta decisión, se lesionarán no solo sus garantías personales, sino también las de millones de personas que ella representa”, advirtieron.