Tras pedir a la Justicia el allanamiento a los domicilios de varios periodistas por los audios a Karina Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó haber solicitado esos requerimientos en la presentación judicial que realizó ayer para allanar los domicilios de Jorge Rial y Mauro Federico, quienes difundieron los audios atribuidos a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. 

La denuncia penal incluye también al abogado Franco Bindi y a Pablo Toviggino, el número dos de la AFA. 

En una entrevista televisiva, Bullrich negó los hechos: “No, no, no, nosotros no hemos pedido nada”. Agregó que solo buscan que la Justicia determine “medidas procesales para que cese el delito”. La ministra argumentó que los comunicadores denunciados “forman parte de una operación de inteligencia ilegal contra el Gobierno Nacional”.

Según la funcionaria, los acusados “son operadores” y que cuentan con recursos de Rusia. “Los periodistas son los que están acá, los que confirman la información con tres fuentes, no ellos”, subrayó la titular de la cartera de Seguridad. 

Reveló que la denuncia está presentada a "personas ligadas a servicios de inteligencia rusos" y especuló sobre una posible "incidencia de Venezuela" en el incidente.

“No es un problema de contenido, el problema es el hecho de grabar a la secretaria General de la Presidencia en la casa de Gobierno", expresó la ministra, respaldando la postura oficial del Gobierno. “Siempre se ha hablado de operaciones de inteligencia, pero ahora se grabó a un funcionario dentro de la sede del Poder Ejecutivo, en Casa Rosada. Esto pone en una situación de indefensión a todos los ciudadanos”, planteó.

“Tengo que trabajar junto a la Secretaría de Inteligencia para llegar al fondo de esto. Esta inteligencia ilegal y paralela es lo peor que puede existir: graba a un funcionario y dice que va a ir revelando esa grabación en recortes, como una serie”, denunció.

En un tramo de la conversación, Bullrich lloró cuando hablaba de Santiago Maldonado, el joven hallado muerto tras un operativo de Gendarmería contra los mapuches en Chubut.  "Nadie sabe lo que pasé esos 80 días, todos los días mi hijo me llamaba por teléfono porque veía el noticiero", dijo la funcionaria.

Además criticó que en el caso Maldonado empezaron diciendo que era un desparecido, “nos juntamos con la familia, les dijimos 'Vamos a buscarlo'" y compartió que recibió como respuesta: "No, no, es un desaparecido".

“Nunca nos permitieron salir de esa figura: desaparición forzada de persona, delito de lesa humanidad. Yo con un comité de crisis, nos inventaron todos los días durante 82 días, nos decían que tenían las conversaciones, que tenían el teléfono, que se lo habían llevado en una camioneta, que lo habían visto con los binoculares", rechazó.

“Yo aprendí en esos 82 días, con mucho dolor, porque me dijeron de todo a mí y a mi gobierno", señaló. Luego dijo que la trataron de "asesina" y que "le dijeron de todo a la Gendarmería, a la que yo defendí".