Los diputados opositores de Unión por la Patria presentaron esta tarde, en una conferencia de prensa, un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei a raíz del escándalo que se desencadenó este fin de semana luego de que el jefe de Estado promocionara una criptomoneda que presuntamente escondió una estafa millonaria. La había anunciado como un proyecto privado de inversión para “incentivar el crecimiento de la economía argentina”.

“Es una estafa de enorme escala que tiene al presidente Milei como partícipe necesario. Esto no es un tema partidario, es institucional”, introdujo el jefe de bloque peronista, Germán Martínez. En ese sentido, justificó que el instituto de juicio político es el que “más se adapta a este tipo de circunstancias” y van a avanzar en ese sentido “con tranquilidad”.

El fin último de este mecanismo es la destitución del acusado. Ninguno de los diputados que se pronunció en la conferencia hizo alusión al deseo de remover a Milei de su cargo, sino más bien hicieron hincapié en investigar a fondo los hechos. “La comisión de juicio político solo investiga. Es importante saberlo”, remarcó la diputada Vanesa Siley. “El final del camino lo definirá el peso de los hechos, que todavía no está claro hacia dónde va”, agregó, en ese sentido, el jefe de bloque.

En línea con la incertidumbre que revuela sobre el rol del Presidente, quien aseguró no haber estado “interiorizado con los pormenores del proyecto” de la criptomoneda $LIBRA, el rosarino apuntó: “No sabemos si tenemos a un presidente al cual le pasan una estafa en frente de sus narices y no se da cuenta, o es un estafador”. "Le pedimos al Presidente que no se victimice. Tiene que hacerse cargo de lo que hizo y dar explicaciones: ese lugar es el Congreso”, sumó.

El diputado Ramiro Gutiérrez agregó: “El derecho de los argentinos está en condición de garante. El Presidente tiene la responsabilidad de administrar el patrimonio de la Nación. Está confundiendo su rol, lo ha desvirtuado. Este Congreso debe agotar todas las vías de investigación”.

Si bien el Gobierno anunció la creación de una unidad investigadora a cargo de la Presidencia, los diputados alegaron que “no se puede hacer por mutuo propio, no se puede estar de los dos lados del mostrador nunca cuando se está frente a un escándalo”. En ese sentido, promueven un juicio político por mal desempeño y comisión de delito pero no descartan, si no reúnen al apoyo necesario para llevarlo adelante, respaldar las propuestas de otros bloques opositores para llevar adelante una Comisión Investigadora en el Congreso o un pedido de informes. “Vamos por todos los caminos”, aseguraron.

UxP avanza con un pedido de juicio político por el escándalo de $LIBRA 

El pedido de juicio político debe ser, primero, admitido por la comisión que, como contó BAE Negocios, aún no tiene las autoridades designadas por una interna entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, y los propios diputados de su espacio. En este caso, la apuntada es Marcela Pagano, quien fue electa presidenta por los miembros de la comisión y luego desconocida como tal.

“Menem fue más allá de sus atribuciones como presidente de la Cámara”, reprochó Martínez, en referencia a cuando el riojano bajó la orden de suspender la comisión para frenar la designación de Pagano. “Hay pedidos de juicio político previos, hechos por particulares, incluso. Vamos a insistir en la presentación para que el tema se ponga en tratamiento, va a requerir de un fuerte compromiso colectivo de la Cámara. Esto va a tener que ir al recinto”, reconoció.

Todos coincidían con ese punto: es imposible que el pedido avance sin llevarlo a votación, puesto que normalmente se necesita la mitad más uno de los miembros de la comisión para admitir el tratamiento pero, al tener la comisión frenada, la oposición deberá acudir a otros medios para emplazarla. Advierten que lo mismo sucederá con los pedidos para crear comisiones investigadoras, que deben pasar por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones: los radicales de Democracia Para Siempre hoy presentaron la suya para designar a 15 diputados a cargo de investigar el criptogate. También fueron en ese sentido los de la Coalición Cívica, aunque además, con firma de Elisa Carrió, fueron a la Justicia con una denuncia penal.

Los diputados Esteban Paulón, Natalia de la Sota y Mónica Fein, de Encuentro Federal, fueron pioneros en presentar un pedido de juicio político ante este caso. El resto del bloque se remitió a formalizar un pedido de informes a funcionarios, incluido el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. La UCR y El PRO, por su parte, emitieron un comunicado avalando la necesidad de una investigación. Sobre el juicio político, el espacio de Mauricio Macri precisó que no estaba a favor de impulsarlo “en esta instancia”. En UxP se rieron del comunicado y le avisaron al Presidente que se trató de una “extorsión”.

Para emplazar la comisión necesitan dos tercios: si los radicales de Rodrigo De Loredo y el bloque de Cristian Ritondo, junto con los aliados de los partidos provinciales, se unen para frenar el juicio político es improbable que esto avance. Especialmente si el resto del bloque de Miguel Ángel Pichetto se distancia del pedido de los tres diputados de su espacio. La Coalición Cívica tampoco apoyó el juicio político. De todos modos, se deberá esperar a las sesiones ordinarias: solo en ese entonces podrán someterlo a votación.

El instituto de juicio político contempla tres razones por las cuales un funcionario puede ser sometido a un juicio político: mal desempeño de sus funciones, la comisión de delitos en el ejercicio del cargo y fuera del cargo, si estos dos casos tuvieran condena previa. El de UxP apunta tanto a la cuestión subjetiva como objetiva.

En el caso del criptogate, se lo acusa a Milei de haber violado la Ley de Ética Pública, que impone la obligación de evitar utilizar bienes o recursos del Estado para promover intereses privados, al haber promovido una presunta estafa haciendo uso de su función como Presidente de la Nación. Esto, además, se contempla en el marco del Código Penal como negociaciones incompatibles con la función pública, fraude y abuso de autoridad.

En estos casos se deberá probar que el Presidente haya tenido una vinculación con $LIBRA: él explícitamente declaró, en X, que no fue así. A su favor tiene que el creador de la criptomoneda en una entrevista dijo que Milei no había recibido beneficios económicos. Por otra parte, también se pone en juego la intencionalidad (el dolo) -él niega haber estado al tanto de los “pormenores”-.

Al tweet se suma que los creadores del emprendimiento, KIT Protocol, se habían reunido en reiteradas ocaciones en Casa Rosada y el socio Hayden Mark Davis declaró, en un video, que era “asesor” del Presidente. El esclarecimiento de los hechos y el rol del Presidente llegó en manos de la juez María Servini y el fiscal federal Eduardo Taiano y, según reveló La Nación, también al Departamento de Justicia de Estados Unidos y el  FBI -Oficina Federal de Investigación-.