La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados trató los diferentes proyectos para modificar la Ley de Asociaciones Sindicales. El debate incluyó a entidades gremiales, empresarias. asociaciones y especialistas que brindaron su parecer respecto a modificar las leyes 23.551 y 14.250, de Asociaciones Sindicales y Convenciones Colectivas de Trabajo respectivamente. Debate que continuará en algunas jornadas.
A lo protocolar que impone una reunión en el Congreso lo superó el clima de época de discursos y cruces que abarcaron la gestión Milei con su versión de ajuste como también la limitación de derechos gremiales hasta la violenta represión contra jubilados del miércoles.

En esa gama el tópico sobre bloqueos a establecimientos y empresas tuvo altos tonos y espacio para las exposiciones, donde entre otras se apreció al empresario Ariel Rey que manifestó "venimos a buscar que si hay bloqueos a las empresas haya sanciones.
En esa línea un abogado penalista Pablo Salvatori hizo referencia a que se habla del artículo 14 bis de la Constitución Nacional pero no al 14 que entre otros derechos, garantiza la actividad de diferentes industrias. Interpelado por sindicalistas en su énfasis para promover que aplique el derecho laboral al reclamo obrero y una figura penal específica para los bloqueos respondió: "Se trata de no dañar a terceras personas, es muy sencillo esto".
Por parte de las organizaciones representativas de trabajadores, entre otros voceros, habló el triunviro de la CGT Héctor Daer. El cegetista señaló que hay "una implicancia política y social del modelo sindical argentino que es ejemplo en el mundo para satisfacer la necesidad de equilibrar a la sociedad".
Daer remarcó en tal sentido que "un sindicato fuerte ayuda a equilibrar el desfasaje social" y asestó que en gran parte de la convocatoria y los proyectos presentados "el único objetivo que se persigue es el debilitamiento sindical". Por el mismo rumbo ponderó que otro tema de fondo es el vaciamiento de las organizaciones gremiales, ya que "entre los proyectos presentados la mayoría copian el artículo 4 del DNU/7023".
El cegetista también apuntó a quienes cuestionan el "ejercicio democrático interno" en los sindicatos con un ejemplo. "Sabemos dónde y cómo se eligen a nuestros delegados por el voto de sus compañeros y compañeras, no sabemos en cambio cómo se eligen a las representaciones empresarias". En relación a la cuestión salarial consideró: "Ojalá baje la inflación y podamos celebrar acuerdos al menos a mediano plazo".

 

"Mejor hablar de ciertas cosas"

A su turno uno de los titulares de la CTA Autónoma Hugo "Cachorro" Godoy manifestó: "Venimos a discutir 29 proyectos de ley, 28 en contra de los trabajadores y trabajadoras. Uno solo plantea poner límites a la intención empresarial para atacar al activismo sindical, que solo obtiene fueros es al momento de ser elegidos. Entonces si el planteo es de generalidades hablemos de la represión a los jubilados".

Tuvo destaque también la palabra de Alvaro Ruiz, laboralista y docente de la UBA que sin uso de metáforas apuntó que “el G6 hace llegar sus iniciativas a otras asociaciones de empresarios y a la propia secretaría de Trabajo con sus pretensiones como empleadoras para normativas y tónicas de acción”. Apuntó incluso que a la hora de evaluar las iniciativas y su lectura “me llama la atención la baja calidad técnica de muchos de estos proyectos”. Para acotar “quienes escribieron esto en su vida se acercaron a un sindicato”. Y ponderar un escenario grave donde no solo con la penalización de los bloqueos “se está haciendo una demolición del Estado desde adentro”.

Antes uno de los abogados de la CGT Hugo Antonio Moyano (h) se expresó en desconformidad “sobre los proyectos por la injerencia estatal en la vida interna de las organizaciones sindicales, por ejemplo limitando los mandatos”. De esta manera afirmó, "el artículo 3 del Convenio 87 refuerza el principio de autonomía sindical, que dice que las organizaciones sindicales redactan sus estatutos y eligen libremente a sus representantes”.