La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias no arribaron a acuerdo alguno en la audiencia paritaria de los conductores de corta y media distancia. El sindicato que nuclea a los choferes de micros y colectivos lanzó un paro por 24 horas para el martes 30, jornada donde finaliza la conciliación obligatoria que dictó el Gobierno.

Desde la cartera laboral a cargo de Kelly Olmos fijaron una nueva reunión para el lunes a las 16. "Finalizada la conciliación obligatoria, se iniciarán medidas de fuerza gremial, a partir de las 0 del martes 30 de mayo, en todo el territorio del país", advirtió la UTA en un comunicado.

"Los salarios de los trabajadores requieren de un aumento salarial urgente", expresaron desde esa unión. Mientras tanto desde el Gobierno, ante una consulta de BAE Negocios, se limitaron a expresar que por un lado confían en que habrá "voluntad de las partes" para zanjar el conflicto salarial y llegado el caso todavía hay instancias para prorrogar la tregua forzada en vigencia. En efecto, la conciliación fue dictada por el ministerio de Trabajo por cinco días ante el paro que se había anunciado para el viernes 19 del corriente.

El gremio liderado Roberto Fernández insistió que las empresas de corta y media distancia "niegan cualquier posibilidad de un aumento salarial en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y en el interior del país". Empero, y con términos fuera de lo vintage, este último capítulo del conflicto paritario tiene su precuela cíclica en los últimos años, la cual incluye medidas de fuerza levantadas a último momento, presión empresaria por los subsidios al transporte en las diferentes ramas de prestación del servicio de colectivos y micros, como también lock out patronales de diferente gama. Y además, abarca un tramo de la disputa interna de la UTA, con enfrentamientos del oficialismo versus la Agrupación Juan Manuel Palacios, que lidera Miguel Bustinduy.

La judicialización de la lucha interna en la UTA por estas horas llegó al ámbito de la Justicia y también a la CGT. Sobre todo a partir de que un fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó que la oposición (Lista Azul) tome posesión de 5 de las seccionales del gremio.

"Quieren lisa y llanamente modificar el resultado de las elecciones", denunció Fernández a la hora de oficializar que presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema intervenga en la cuestión. Según el sindicalista hay "arbitrariedad e injusticia manifiesta" en la decisión de Cámara.

Luego que el oficialismo se adjudicara la última elección en dicho sindicato, la oposición llevó adelante acciones judiciales para desapoderar a las autoridades electas en Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, Mar del Plata y Cordoba.

Hubo una protesta de adherentes al oficialismo que se realizó ante la delegación del ministerio de Trabajo en la avenida Callao y Fernández dijo que todas las autoridades designadas "verificaron la legitimidad de las elecciones" y acotó que "lo que cuestionan no es el proceso electoral, sino el resultado del mismo", como también que dialogó con referentes de la CGT sobre el caso y éstos le ratificaron su respaldo para la pulseada en desarrollo.