El Gobierno nacional aún no instrumentó el veto presidencial al presupuesto universitario aprobado por el Congreso el 13 de septiembre y crecen las expectativas de alguna revisión a la cuestión universitaria.

Todavía sigue en pie la promesa de Milei del veto, pero se abrieron posibilidades de mejoras en el sector universitario que hoy y mañana realizan un paro en todas las universidades. "No hay novedades por ahora", señalaron fuentes oficiales sobre el veto presidencial.

Mientras tanto el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, organizó una mesa de discusión con funcionarios nacionales con el fin de resolver el tema que preocupa sobre todo por el impacto que puede llegar tener la nueva marcha convocada para el 2 de octubre.

El ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, quien tiene a cargo la secretaría de Educación, remarcó ayer en un comunicado que "hay diálogo y compromiso con las universidades" y que se "hicieron todos los esfuerzos para garantizar el funcionamiento de las instituciones nacionales". 

En el marco de los reclamos gremiales, la cartera aclaró que se incrementó 270 por ciento el presupuesto para gastos de funcionamiento; y que se enviaron 49 mil millones de pesos para los hospitales universitarios. Según la cartera de Pettovello, las reuniones con gremios y rectores "se desarrollan con regularidad".

Sin embargo, el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, sostuvo en las últimas horas que "no fueron citados para hablar de los salarios". "No está roto el diálogo, pero el último contacto que tuvimos fue en el mes de mayo". El rector explicó que los números "están atrasados entre 40 y 50 por ciento", al señalar que "un no docente que ingresa ahora cobra un sueldo de 400.000 pesos".

Según los tiempos establecidos por la Constitución Nacional, el presidente cuenta con diez días hábiles para apelar al veto una vez que la norma fue transferida al Poder Ejecutivo. Ese plazo se cumple el jueves próximo, un día después de la marcha universitaria.

El Presidente esperaría hasta el final de la fecha límite para tomar una decisión mientras siguen abiertas las puertas de negociación. El temor es que se repitan las imágenes de la movilización multitudinaria del pasado 23 de abril, lo que derivó finalmente con un refuerzo de fondos a las universidades.

En la Casa Rosada miran con atención la reacción de la opinión pública. Una encuesta publicada por la Universidad de San Andrés destacó que el 82 por ciento de los consultados cree que el gobierno debería aumentar el presupuesto en jubilaciones y salud pública, mientras que el 77% opinó lo mismo para la educación pública. 

En medio del debate por el veto, trascendió que Milei habría decidido avanzar con el arancelamiento de las universidades públicas, algo que aún no fue confirmado oficialmente.