La ley de emergencia que implica una delegación de mayores facultades en el Poder Ejecutivo generó un contrapunto sobre su constitucionalidad entre abogados especialistas en la aplicación de la Carta Magna.

El constitucionalista Eduardo Barcesat ratificó que el texto que presentó el Frente de Todos cumple con la Constitución y explicó que "a menos de que se trate de una incumbencia exclusiva del Congreso, la delegación de facultades es lícita".

Barcesat aclaró que, en este caso, no se está hablando de la delegación de facultades exclusivas del Poder Legislativo: "No se trata de contraer empréstitos, ni del arreglo de la deuda pública, ni de firmar tratados con potencias extranjeras ni del arreglo de programas financieros internacionales", ejemplificó el letrado.

Por el contrario, el constitucionalista Armando Aquino Britos consideró que el texto de ley presenta una "ausencia de constitucionalidad" debido a que puede afectar al artículo 76 de la Carta Magna (que "prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo" excepto al declararse la emergencia y con ciertos plazos y condiciones) . "Se estaría afectando el principio de legalidad tributaria, ya que, salvo por algunas excepciones, se va a delegar en el Ejecutivo prácticamente el diseño del hecho imponible".

Además, Aquino Britos afirmó que el proyecto también puede chocar con el artículo 29 de la Constitución (que impide que el Ejecutivo retenga facultades extraordinarias o la suma del poder público), "porque otorga al PEN el diseño de facultades propias y exclusivas del Congreso".

"Falta que se deroguen las facultades judiciales y todo el diseño de la política pública estará en manos del Ejecutivo. Es una desmesura", sostuvo.

De manera opuesta, Barcesat consideró que le resulta "grotescto que quienes han gobernado por decreto simple y DNU, usurpando todas las atribuciones del Congreso, se sientan moralmente autorizados a impugnar este proyecto".