El caso de los trabajadores del Correo Argentino resume el presente y futuro próximo de las empresas de servicios públicos. Ese universo de más de 15.000 personas hasta hace semanas está atravesado por la ley Bases, la competencia con privados en situación de desventaja y la falta de reacción sindical según lo asumen desde el mismo movimiento obrero y el peronismo.

Bajo la premisa gremial de que "la solución es política y no sindical", se realza que esta semana la Justicia debe expedirse sobre el amparo que presentó el intendente de Esteban Echevarría y titular del PJ en el mismo distrito, Fernando Gray. "Nos preocupa y ocupa el contexto general, y que en esta localidad tenemos a 1.500 personas que trabajan en el Correo", le dijo Gray a BAE Negocios.

El bonaerense acudió al Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de CABA, a cargo de Enrique Alonso Regueira solicitando una medida de no innovar, preservando la estructura de la empresa y el personal que la integraba hasta el 20 de diciembre de 2023.

No obstante, la sangría de trabajadores ya comenzó. A saber: el Correo Argentino ya notificó a la Justicia la salida de 4.000 trabajadores. Sobre los múltiples servicios que presta, alertó que "no corre riesgo" la logística de las elecciones 2025, donde tiene un rol irremplazable a la fecha. En tanto el Gobierno quiere no más de 600 sucursales de un total de 1452 y pasar de 16.800 empleados en todo el país a 9500 personas, con retiros anticipados y despidos.

En esta tónica desde la Casa Rosada resaltaron al sitio chequeado.com que ya hubo "3.800 retiros voluntarios" con un pago de un 30% más que lo dispuesto por ley. Mientras Gray recordó que presentó similares acciones contra el avance libertario sobre empresas públicas, tal definición política contrasta con algo que asumen fuentes gremiales y se traza en la inacción sindical, que ya tuvo capítulos similares en los 90. Los "retiros voluntarios" explican en parte ese punto, ya que haciendo números hubo trabajadores que accedieron a su liquidación final "tentadora", apostando a trabajar en otras esferas. "Pero no es el único punto, esto también explica en parte el voto a Milei sabiendo su propuesta", reseñaron fuentes sindicales de varias organizaciones.

Si de contexto se trata el economista Fabián Medina le expresó a este diario que el Correo y su merma de personal verifican el camino a su privatización, dejando sin acceso a comunicación ni cobros a localidades del país que todavía no cuentan con la arquitectura de medios electrónicos. "Con los despidos, bajas y retiros voluntarios buscan desfinanciar al Correo y hacer creer que no servía a sus funciones. Debemos entender que en la Argentina las crisis sociales se generan cuando aumentan los desocupados y pobres, esto ya sucedió desde 1982 a 1989 y 2001".

El abogado laboralista Héctor Recalde también ofreció su parecer: "Apuntan a que el Correo Argentino desaparezca y esa actividad quede en manos privadas. Lo cual no es novedad, estamos bajo una administración anarcocapitalista". Recalde acotó que no se mensura desde el gobierno la incertidumbre y el padecer de miles de trabajadores mientras desarrollan sus políticas de ajuste.

En la oposición, en tanto, consideran que el presente "es más que un deja vu" de la presidencia de Carlos Menem, cuando se liquidó la empresa estatal y licitó el servicio a privados, y más allá de que en 2003 con Néstor Kirchner se creó una nueva empresa pública, gravita que la gestión de Alberto Fernández, si bien disminuyó el déficit de la empresa, los aportes del Estado al Correo aumentaron 450% en términos reales.