El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, y el resto de los funcionarios locales fueron denunciados judicialmente por "aumento ilegal" de las tasas municipales, según informaron miembros del Concejo Deliberante.

Los legisladores acudieron a la Justicia argumentando que la gestión municipal incumplió el acuerdo establecido con el Poder Legislativo de incrementar dichos impuestos en base al IPC, ya que sostienen que la suba es muy superior a la inflación. Al mismo tiempo, en las últimas horas se conoció una contratación millonaria de un sistema de encuestas, lo que acentuó el malestar de los vecinos.

A pocos días de culminar el 2023, el Concejo Deliberante aprobó la suba de las tasas municipales, tal como lo había propuesto la gestión ejecutiva del intendente, y dicho incremento se ajustaría al porcentaje inflacionario. Sin embargo, el concejal Walter Pérez señaló ante Crónica que "el municipio estableció un aumento de 45% para el período comprendido entre enero y febrero, cuando la inflación total de ese lapso llegó al 36,6 %".

A su vez, Pérez detalló que "el 23 de mayo sacaron un decreto en el que se añadió una tasa mayor que la de entonces en concepto de cementerio, publicidad, registro de conducir, derecho de oficina de un 25 %, un 15 % por encima de lo establecido por el INDEC".

En referencia a dichos compromisos impositivos que se les establecen a los habitantes del distrito, el también integrante de la Asociación Vecinal de San Isidro reveló que "esas tasas las cobraron sin decreto el 1° de mayo, lo cual viola el derecho a la propiedad". "Hubo un abuso de autoridad", sostuvo.

En consecuencia, Pérez encabezó una denuncia contra la administración municipal radicada no solo en el Concejo Deliberante sino también en el Tribunal de Cuentas y la Justicia Ordinaria de la Provincia de Buenos Aires.

El motivo de convocar a diferentes organismos para que analicen el mencionado incremento de las tasas radica en lo consideran ilegal. Una impresión que no solo pertenece a los legisladores opositores sino también a los propios vecinos.

En este sentido, Patricia Alfano expresó: "El aumento de casi el 200% es ilegal y además nos cobraron unos impuestos que no corresponden, que es un retroactivo de un 25%. Es imposible pagar tasas tan altas, pasamos de $10.000 a $30.000 en un mes. Tengo miedo de perder mi casa".

Por su parte, Rosana Navarro reflejó su experiencia personal ante dicha suba: "La última boleta fue de aproximadamente $27.000. El valor depende de cada zona, yo soy de Boulogone. Pero estamos hablando de un aumento mayor al 150%".

Asimismo, también reveló sus impresiones sobre los nuevos valores impositivos: "Si me preguntan si es correcto lo que cobran en relación con el servicio que brindan, mi respuesta definitivamente es que no, porque la limpieza no existe desde diciembre, es nula. Hablando de seguridad, actualmente no se ven los móviles comunitarios en el centro de Boulogne. Si pasa alguno lleva dos inspectores o uno solo manejando, cuando en realidad deberían ir un inspector y un policía. El sistema para sacar turno en cualquier hospital municipal está caído".

En ese marco, Alfano sentenció: "Cada día tenemos un San Isidro más sucio, más inseguro, sin insumos en los hospitales, sin policía municipal en las calles e incluso sin luminaria que funcione. Los vecinos nos sentimos abandonados por esta gestión de turno, no hay empatía con nosotros".

En sintonía con los dichos de su vecina, Navarro dejo en claro que "le echan la culpa de todo a la gestión anterior". Y ahondó: "Tanto mis hijos como yo asistíamos a los campos de deportes para realizar distintas actividades, entre ellas natación. Este año tuve que sacar a mis hijos de la colonia y posteriormente de fútbol debido a la cantidad de mosquitos que había, ya que nunca fumigaron. Además, aún no abrieron las inscripciones para la pileta".

En este contexto de decepción vecinal por el aumento de las tasas municipales, en las últimas horas trascendió el llamado a contratación de un sistema de encuestas por un valor de $140 millones. Pérez fue quien reveló esta cuestión, que también está registrada en la sección "Licitaciones Públicas" del sitio web municipal.

Sin embargo, al concejal le llamó la atención que "hicieron un llamado a contratación por un sistema de encuestas de opinión pública sin los recaudos que marca la ley orgánica municipal, como por ejemplo respetando los treinta días de anticipación, amparándose en los tiempos de emergencia del Covid".

Justamente, el Decreto 2024-655 plantea que "la Subsecretaría de Comunicación y Estrategia inicia el pedido de suministro N° 3-240-477/2024, para la contratación de Servicios de Estudios de la Opinión Pública".

En el mismo se reconoce que la contratación se realiza "considerando que la provincia de Buenos Aires ha sancionado la ley 14.812, que declara la emergencia en materia de hábitat, vivienda, infraestructura y servicios públicos".

Al respecto, el mencionado edil enfatizó que "$140 millones es un gasto superfluo, amparándose en una legislación de emergencia por el Covid. Estamos gastando plata para algo que le corresponde hacer a los funcionarios: saber lo que necesitan los vecinos. Pero esto tiene un fin político, es un gasto no municipal porque no tiene nada que ver con el bienestar de la comunidad de San Isidro".

Por esta razón que destaca el referente de la Asociación Vecinal de San Isidro también presentarán una denuncia ante el Tribunal de Faltas de la provincia por la mencionada contratación, como ya lo hicieron por el aumento de las tasas, que fue percibido como ilegal por los legisladores y por los habitantes del distrito.