El gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 452/2025 la fusión del ENARGAS y el ENRE, los entes reguladores del gas y la electricidad un hecho que promovió la reacción gremial. La medida, que crea un nuevo organismo bajo la Secretaría de Energía, fue presentada como parte del plan de reestructuración del Estado para reducir gastos y alcanzar los estándares de la OCDE.
Según el texto del decreto, se busca ordenar la transferencia de partidas presupuestarias y bienes de ambos entes para garantizar su funcionamiento eficiente, en línea con las exigencias del comercio internacional. No obstante, desde la Asociación del Personal Jerárquico del Gas (APJ Gas) expresaron un fuerte rechazo a esta decisión, advirtiendo sobre el debilitamiento del control estatal en un sector estratégico.

El nuevo ente mantendrá como fuentes de financiamiento la Tasa de Fiscalización y Control, la venta de obleas de GNC y la resolución de controversias en el mercado eléctrico. Sin embargo, los gremios remarcan que la fusión no toma en cuenta la complejidad técnica que implica la fiscalización de los servicios energéticos. En países desarrollados, los organismos reguladores cuentan con estructuras mucho más robustas y especializadas, que incluyen múltiples agencias con miles de profesionales y marcos legales propios.
Desde APJ Gas sostuvo que la experiencia internacional muestra que se requiere una estructura con mayor especificidad, no menor. En Estados Unidos, por ejemplo, además de la FERC, funcionan entidades como la NARUC, las Unidades de Monitoreo de Mercado y la Administración de Información Energética, mientras que en Japón existen agencias diferenciadas para supervisar electricidad y gas. En todos los casos, el modelo es opuesto al propuesto en Argentina.

En el país, el control de los servicios energéticos estaba en manos de apenas 800 personas: 500 en ENARGAS y 300 en ENRE. Para el sindicato, el plantel actual es adecuado y no justifica su desarticulación. “No parece acertado eliminar organismos con funciones y atribuciones específicas. Los usuarios necesitan mayores controles, no menos”, remarcaron.
Además, recordaron que el sistema energético argentino cuenta con miles de kilómetros de redes, gasoductos, líneas de alta tensión e interconexiones regionales, cuya supervisión requiere personal calificado, recursos técnicos y capacidad de respuesta ante emergencias. “Las temperaturas extremas ya demostraron que el mercado no se autorregula”, enfatizaron.
Para APJ Gas, la fusión encubre un ajuste encubierto que no fortalecerá el servicio ni mejorará la eficiencia. “Es una decisión que debilita la capacidad del Estado para intervenir en el diseño y control de la política energética. Y que pone en riesgo la seguridad de millones de usuarios”, concluyeron.