A casi 45 años del último golpe de Estado en el que la Junta Militar liderada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, que derrocó a María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976; todavía existen 626 causas en todo el país en las que se investigan los delitos del terrorismo de Estado, según informó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que encabeza la fiscal federal Ángeles Ramos.

De esas causas, 278 se encuentran en etapa de instrucción, 254 obtuvieron sentencia, 73 están elevadas a juicio y 21 se encuentran actualmente con el debate en curso, según un relevamiento difundido por el Ministerio Público Fiscal.

El año pasado se realizaron nueve procesos orales y públicos, mientras que entre febrero y marzo de 2021 se iniciaron los debates de cinco causas y en abril se espera el inicio de otra. En este sentido, la Procuración General informó que, como pasó en muchos otros ámbitos, la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus (Covid-19) "influyó en la continuidad" de los debates de las causa de lesa humanidad, que en su mayoría se reanudaron a mitad del años pasado.

"De los procesos iniciados previamente al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el decreto 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional, doce tuvieron sentencia y diez aún continúan en trámite. De los juicios que se iniciaron con posterioridad al decreto, once continúan en trámite y uno obtuvo sentencia", consignó el análisis del Ministerio Público Fiscal.

Todas las causas por delitos de lesa humanidad

Agregó que "con los datos estadísticos cerrados al 16 de marzo pasado, los condenados y condenadas por estos crímenes desde 2006, cuando se celebraron los dos primeros procesos orales y públicos tras la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, suman 1025",

En ese sentido, se destacó que "otras 165 personas resultaron absueltas, 618 procesadas, 623 solamente imputadas, otras 104 fueron sobreseídas y hay 169 con falta de mérito, es decir con una situación aún no definida".

Tampoco está definida la situación de otras 42 personas indagadas sobre las que aún no hubo resolución de mérito, mientras que suman 29 los prófugos y prófugas, y "a lo largo del proceso de verdad y justicia fallecieron 715 personas antes de que se dictara sentencia a su respecto".

Estas variables desagregadas conforman el universo de 3490 personas investigadas por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de las causas, y de todas ellas 1661 personas -es decir, un 47% del total- transitan los procesos en libertad.

La Procuración indica que 859 -un 25%- se encuentran privadas de su libertad. De todas ellas, 636 cumplen el arresto en su domicilio, y que esta modalidad de detención es la predominante desde 2016.

Por otro lado, en relación con el tiempo que insume la tramitación de estas causas, la Procuraduría promedió los plazos y estimó que "transcurren cinco años y dos meses desde el requerimiento de elevación a juicio hasta el último fallo de la Corte Suprema para que una sentencia quede firme".

"Analizado ese lapso por tramos, el organismo estableció que en promedio transcurren cinco meses entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura de la instrucción; dos años y cuatro meses desde la elevación a juicio hasta el veredicto; y tres años y siete meses entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte Suprema", puntualizó el informe.

Qué pasó el 24 de marzo de 1976

El 24 de marzo de 1976, los comandantes Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Massera (Armada) y Orlando Agosti (Fuerza Aérea), a través de un golpe de Estado cívico militar derrocaron en la madrugada de ese día al Gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, quien había asumido la presidencia tras la muerte del General Juan Domingo Perón, el primero de julio de 1974. 

El mandato de la llamada Junta Militar, autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, se extendió por casi siete años, hasta 1983. 

Definición de democracia, censura y dictadura

Las tres palabras fueron conceptos centrales que atravesaron al país durante muchos años. En primer lugar, la Dictadura Militar fue la que eliminó la democracia en sus siete años de duración. Según la Real Academia Española, una dictadura es un "régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales".

Por su parte, la democracia es un sistema político que delega el poder en el pueblo que, mediante el voto, elige y controla a los representantes que comandarán a un país. De esta manera, la dictadura anula los valores que promueve la democracia, como la libertad de elección o de prensa. Se habla de censura cuando a alguna persona, grupo u organización no se le permite expresarse por motivos ideológicos, religiosos o políticos