El pasado 10 de julio, mientras el Senado debatía proyectos sensibles como la nueva fórmula jubilatoria, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, varios usuarios de la red social X (ex Twitter), identificados con el gobierno actual, difundieron mensajes con llamados a la violencia institucional. Entre los posteos denunciados se incluyen frases como: “Metan todos los tanques adentro del Congreso” y “Hay que dinamitar todo el Congreso con diputados y senadores adentro”.

Ante esa situación, diputados del bloque Unión por la Patria presentaron una denuncia penal contra los autores de esas publicaciones por amenazas, instigación a cometer delitos y atentado contra el orden constitucional.

Denuncia penal por incitación y posible asociación ilícita

El escrito fue presentado en el Juzgado Federal N°9, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. La denuncia lleva las firmas de los legisladores Cecilia Moreau, Santiago Cafiero, Matías Molle, Daniel Arroyo y Leopoldo Moreau. También adhirieron Hugo Yasky, Daniel Goyán, Sabrina Selva, Juan Marino, Victoria Tolosa Paz y Julio Pereyra.

Entre los usuarios identificados figuran Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”; Franco Iván Jeremías Antunes Puchol (@FranFijap); Luciano Cabrera (@ElTrumpista) y Pedro María Lantarón. También se incluyó a las cuentas “Gordo Edición” y “Tomás” (@TomasDellElce), cuyas identidades aún no se confirmaron.

Según el escrito, los denunciados formarían parte de una agrupación alcanzada por el artículo 213 bis del Código Penal, que reprime a quienes organicen o integren asociaciones —permanentes o transitorias— que busquen imponer ideas o combatir las ajenas mediante el uso de la fuerza o el temor.

Posibles vínculos con funcionarios del Gobierno

Los legisladores advirtieron sobre la posible cercanía entre algunos de los acusados y funcionarios del actual Gobierno, incluido el presidente Javier Milei. “No todo vale”, señalaron, al remarcar que el impacto institucional de las publicaciones es aún más grave si los autores cuentan con respaldo o vínculos con el oficialismo.

En ese sentido, solicitaron que se investigue si los usuarios denunciados tienen ingresos registrados en la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos. También pidieron una serie de medidas procesales y periciales, y la preservación de los contenidos digitales.

Fundamentos constitucionales y penales

La presentación judicial se fundamenta en los artículos 209, 212, 213 y 149 bis del Código Penal, y el artículo 36 de la Constitución Nacional. “La instigación al atentado contra el orden constitucional reviste una gravedad excepcional que justifica la intervención del derecho penal”, explicaron los diputados.

En el texto también aclararon que la denuncia “no busca judicializar la política ni criminalizar ideas”, sino frenar acciones concretas que configuran un atentado a las instituciones democráticas. “Lo que aquí se denuncia es un intento deliberado de amedrentar a representantes del pueblo argentino para condicionar el ejercicio constitucional de sus funciones”, subrayaron.

Reclamo de una respuesta judicial firme

Los legisladores de Unión por la Patria exigieron a la Justicia una respuesta “clara y contundente” ante este tipo de discursos violentos que circulan en redes sociales y señalaron la necesidad de establecer límites que resguarden la convivencia democrática.

Finalmente, remarcaron que esas acciones “merecen, tras un debido proceso legal, el reproche penal y la consecuente imposición de una pena”, si se comprueba su carácter delictivo.