El Gobierno y la oposición usan a los intereses provinciales para marcarse la cancha en las batallas legislativas. La oposición quiere avanzar sobre el rechazo del DNU 846/2024 para limitar las facultades del presidente Javier Milei y motivarlo a que necesite del Presupuesto 2025 para respaldar la reestructuración de la deuda. Mientras, el Gobierno pisa firme en no abrir ningún debate e insiste en que no teme en retirarlo, aunque bajen el DNU: “Sale ahora o no sale”, sujetaron en Balcarce 50.

Todo se destapó luego de que se dé a conocer un pedido de sesión especial para rechazar este DNU próximo martes 12 de noviembre a las 15. La norma reemplaza el artículo 11 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto que, a su vez, replicaba el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, y exigía que el Estado debería garantizar por lo menos dos de los siguientes requisitos: estirar los plazos de los vencimientos, achicar el monto del capital total o reducir la carga de los intereses, a la hora de encarar la reestructuración de una deuda. El Presidente eliminó estas condiciones y con este DNU permite realizar canjes de deuda en cualquier moneda y “teniendo en cuenta los valores existentes en los mercados”, sin autorización del Congreso. Fue publicado a fines de septiembre y debe ser rechazado por ambas Cámaras para derogarse.

La convocatoria fue firmada por diputados de Encuentro Federal, Democracia Para Siempre y Unión por la Patria para que se trate directamente en el recinto, junto con el proyecto que reforma la reglamentación de los DNU. También forma parte del dictamen de EF para el proyecto de Presupuesto 2025: “Vamos a limitar las facultades que tiene hoy el PEN para realizar reestructuraciones y/o canjes de deuda, rechazando el DNU 846 e incorporando limitaciones al PEN para avanzar en estas operaciones”, dispone el borrador que le hicieron circular a los bloques.

Como alternativa proponen una "reforma del artículo 55 de la ley Complementaria Permanente del Presupuesto (11.672) que permita realizar operaciones al PEN siempre que no aumente el valor presente de la deuda; en cambio, un canje que aumente el valor presente deberá ser específicamente autorizado por el Congreso”. Según afirman fuentes del sector, esto permitiría que el proyecto de Presupuesto le sea de mayor interés al Gobierno y, así, ayudarían a los gobernadores en la negociación.

“Los gobernadores son conscientes de la importancia del decreto para la estrategia financiera del Gobierno. Esta convocatoria atenta contra las negociaciones del Presupuesto”, contrapuso una fuente del oficialismo parlamentario. En ese sentido, en Casa Rosada advierten que abrir un aspecto del presupuesto trabaría el proceso y terminarían prorrogando, nuevamente, el Presupuesto 2023. “El Presupuesto no se va a debatir tres meses. Sale ahora o no sale. No se va a dar lugar a que hayan cambios, no se va a abrir debate para que vaya y vuelva. Se retirará y listo, no tenemos problema”, objetaron desde un despacho en Casa Rosada, en diálogo con BAE Negocios.

El planteo va en línea con la interpretación que realizaron de los dictámenes alternativos: los pedidos le son funcionales al “plan A” de Milei -que no se apruebe-. Por eso también sigue bloqueado el intento de aumentar las partidas universitarias: el Gobierno retrucó con eliminar las P.A.S.O como condición y el debate parlamentario quedó en un impass. Según pudo saber este diario, también habían contemplado intercambiar el desfinanciamiento de obras públicas para aumentarle a las Universidades, aunque finalmente lo descartaron.

La misma carta quieren utilizar con este segundo reclamo parlamentario y, de esta manera, influenciar a los diputados que responden directamente a los gobernadores. Sin embargo, aunque logren tener a la UCR de Rodrigo de Loredo, Innovación Federal y a los partidos provinciales de su lado, la oposición que lidera el reclamo cuenta, por ahora, con el número necesario para bajarlo, puesto que no necesita una mayoría especial. El plazo para que la Bicameral de expida venció hace dos semanas y con la mitad más uno basta para bajarlo.

El Gobierno pone las fichas en el Senado y tiene a su favor que solo quedan tres semanas para que terminen las sesiones ordinarias. De esta manera, la oposición no tendría mucho margen para llevarlo al recinto: la vicepresidenta Victoria Villarruel no pudo frenar los peores reveses este año, pero sí se volvió experta en comprarle tiempo al Gobierno para dilatarlos.