El Gobierno actualizó el control de armas en las Fuerzas de Seguridad
La Resolución 17/2025 del RENAR redefine el registro y las obligaciones sobre armas en las fuerzas federales, provinciales y penitenciarias
El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo régimen para la fiscalización y el registro de armas en las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Armadas y los servicios penitenciarios. La medida quedó oficializada a través de la Resolución 17/2025 del Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.
La normativa busca modernizar procedimientos, ordenar las bases de datos y reforzar los controles sobre los legítimos usuarios y portadores de armas de fuego.
A quiénes alcanza el nuevo régimen
El alcance de la resolución es amplio e involucra a:
- Fuerzas Armadas
- Fuerzas de Seguridad federales y provinciales
- Policía de la Ciudad y policías provinciales
- Servicio Penitenciario Federal y provinciales
- Asociaciones de tiro y usuarios civiles
Tanto personal en actividad como el retirado deberán adecuarse a los nuevos instructivos de alta y baja de armas.
Cuáles son las principales modificaciones
El nuevo esquema incorpora cambios en varios niveles:
- Inventarios actualizados: cada fuerza debe mantener al día el registro de armas institucionales ante el RENAR
- Control de antecedentes: será requisito evaluar de manera estricta el perfil personal, profesional y psicofísico de quienes soliciten permisos
- Seguimiento de la situación del personal: las instituciones deben informar al organismo sobre el estado disciplinario y patrimonial de quienes poseen armas registradas
- Pérdida de permisos: quienes resulten exonerados o dados de baja por sanciones disciplinarias quedarán inhabilitados como legítimos usuarios
- Renovación obligatoria: el personal con permisos vencidos tendrá que iniciar un trámite completo bajo los nuevos parámetros
La resolución advierte que el incumplimiento en la entrega de información o en la actualización de registros implicará sanciones administrativas para los funcionarios responsables.
El objetivo oficial es consolidar un sistema de control más transparente, con datos en tiempo real y con una fiscalización estricta sobre quienes portan armas en todo el país.
