El Gobierno anunció que denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La medida surge luego de que en la web oficial de la institución se habilitara el subdominio noalveto.uba.ar, creado para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario que había aprobado la oposición en el Congreso.

En un comunicado, la cartera que conduce Sandra Pettovello señaló que la maniobra "bloqueó el acceso al sitio oficial de la UBA" y lo reemplazó por una página con "contenido de carácter político partidario". 

La Subsecretaría de Políticas Universitarias reclamó el cese inmediato de la medida y pidió que se investigue quiénes fueron los responsables de ordenar la creación del subdominio.

"Las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa. La manipulación de los canales oficiales y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a estos principios", expresó Capital Humano.

El ministerio agregó que la utilización del sitio institucional para difundir consignas contra el Gobierno compromete la transparencia que debe regir en la gestión de las universidades nacionales.

Las universidades marchan contra el Gobierno tras el veto al aumento de su presupuesto 

El conflicto se enmarca en la tensión entre la Casa Rosada y el sistema universitario luego del veto presidencial. La UBA, junto a otras casas de estudio, fue una de las impulsoras de las movilizaciones masivas en defensa del financiamiento educativo. El nuevo sitio buscaba canalizar esa protesta con comunicados, llamados a la comunidad académica y datos sobre el impacto del recorte.

Capital Humano anunció que avanzará con la denuncia judicial para que se determinen "las responsabilidades administrativas y legales correspondientes". Al mismo tiempo, dijo respetar el derecho a huelga “dentro del marco de la ley”, pero insistió en que los recursos institucionales no pueden usarse para fines partidarios.