El Gobierno denunció a Cristina Kirchner por haber percibido la Bonificación de Zona Austral, un extra que corresponde a quienes residen en ciertas provincias del sur del país, mientras su domicilio efectivo estaba en la Ciudad de Buenos Aires. Según la presentación hecha por el Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, la exmandataria podría haber incurrido en los delitos de "estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica". Como respuesta, allegados a la exmandataria simplemente alegaron que el cobro del plus estaba dentro de lo que marca la ley.

La denuncia, impulsada por Ignacio Uresandi, director de la Oficina de Integridad de ANSES, y Maximiliano Rima, coordinador de Asuntos Penales, sostiene que el beneficio solo corresponde a quienes residen efectivamente en zonas como Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y el Partido de Carmen de Patagones. Sin embargo, el propio Gobierno señala que "es de público y notorio conocimiento" que la exvicepresidenta vivió en la Ciudad de Buenos Aires entre 2017 y 2023, primero como senadora y luego como vicepresidenta.

Según los denunciantes, el cobro indebido de este extra constituyó "una conducta penalmente reprochable, con perjuicio fiscal para ANSES y el erario público". Por ello, el organismo previsional pidió ser parte querellante en la causa.

Desde ANSES detallaron que Cristina Kirchner cobraba en bruto $35.255.297,73 mensuales, lo que equivale a casi 136 jubilaciones mínimas. En mano, la cifra llegaba a $21.827.624,65, que equivale a unas 63,6 jubilaciones mínimas actuales. Dentro de ese monto se encontraba el suplemento por zona austral, que sumaba $6.354.523.

El 17 de noviembre pasado, en medio del proceso de revocación de su jubilación de privilegio, el titular de ANSES, Mariano de los Heros, reveló que la exmandataria presentó un certificado de domicilio en Río Gallegos para percibir el extra. El Gobierno considera que esa presentación fue irregular y que el beneficio debería haber sido suspendido.

En la misma línea, el Poder Ejecutivo publicó la Resolución 1092/2024 en el Boletín Oficial, donde establece que las asignaciones vitalicias "son jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la función pública".

Según el documento de 18 páginas al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, la exvicepresidenta habría usado "declaraciones juradas con datos falsos" para percibir el plus patagónico en los beneficios que le correspondían tanto como viuda de Néstor Kirchner como por su condición de expresidenta. Además, se la acusa de haber "insertado o hecho insertar" información falsa en documentos oficiales.

ANSES calificó el accionar de la expresidenta como "un acto de corrupción" y citó la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para fundamentar la denuncia.

En el escrito se solicita a la Justicia que verifique:

• Las asistencias de la exvicepresidenta al Senado durante su mandato.
• La documentación que respalde su residencia en Río Gallegos.
• El impacto económico del cobro de este beneficio sobre las cuentas de ANSES.

La causa quedará en manos de la Justicia, que deberá determinar si Cristina Kirchner incurrió en irregularidades o si, como sostienen sus allegados, el cobro del plus estaba dentro de lo que marca la ley. Mientras tanto, el conflicto entre el Gobierno y la exmandataria sigue escalando.