El Gobierno presentó el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad
Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich presentaron en conferencia los detalles del proyecto de ley para modificar el Régimen Penal Juvenil
El Gobierno ya envió al Congreso su proyecto de ley para modificar el Régimen Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad de 18 a 13 años. "Delito de adulto, pena de adulto", sostuvo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Con la ley Bases y el paquete fiscal aprobados, el Gobierno avanza con los próximos proyectos de su agenda legislativa. Cúneo Libarona junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron los detalles de la iniciativa en una conferencia de prensa.
El ministro de Justicia aseguró que "el sistema actual es deficiente", ya que es un régimen de "hace 44 años". "El sistema es repudiado por todos, ilegítimo e insatisfactorio y esto debe cambiar ya", dijo Cúneo Libarona.
"Es incuestionable que el joven de 13 años de 1980 no es el actual, el mundo ha cambiado", sostuvo el funcionario y agregó que "nadie puede decir" que un menor "no puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones".
"Si la ley le otorga pasividad a los menores para realizar actos jurídicos y de comercios, y elegir su plan de vida, obviamente tienen capacidad para delinquir, y quien cometió un delito debe ser sancionado. Es un simple criterio de Justicia", dijo.
Bullrich, por su parte, consideró que el proyecto es "importante para tantas familias que han perdido a sus hijos en manos de un menor" y que "después de cometer un delito o peor un asesinato, volvió a su casa como si nada hubiera pasado".
"Venimos a cumplir una obligación con nuestra sociedad que no quiere tener impunidad", dijo la ministra de Seguridad, quien aseguró que "a partir de ahora el delito -y lo peor que siempre es la muerte- tiene consecuencias", y que "estas consecuencias son acordes a la edad de quién lo realiza".
El proyecto que envió el Gobierno al Congreso contempla a adolescentes de entre 13 y 18 años, que en caso de cometer un delito serán privados de su libertad en establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo.
A los menores se les respetará los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Nacional y en los convenios internacionales, y se le comunicará a los padres los delitos que le imputen, así como también demás actos procesales.
La iniciativa contempla condenas condicionales que, en caso de aplicarse, se acompañarán con medidas complementarias como asesoramiento y orientación, asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes.
Las penas irán desde los tres a los seis años en los casos en los que no haya ocurrido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, ni lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas.
En dichos casos, la pena podrá reemplazarse por amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad y monitoreo electrónico.
También se estipula un control del cumplimiento de las penas, que deberá ser verificado por un juez, fiscal o incluso por la víctima, si así lo quisiera. Ante el incumplimiento de la pena, se podrán aplicar penas más severas.
Entre otros puntos, el proyecto de ley también establece que el juez designará un supervisor para el seguimiento del menor, quien mantendrá entrevistas regulares con el adolescente imputado, elaborará informes y procurará resolver sus problemas de salud.
En los casos de menores de 13 años, el juez investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas. En estos casos, el juez tendrá que realizar un peritaje psicológico, un informe ambiental y dar intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social.
