Empecinada en instalar la agenda de seguridad como eje de la campaña electoral, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que los extranjeros que ingresen al país deben aceptar las normativas vigentes y que el Gobierno intentará establecer una ley que permita la rápida expulsión de aquellos que cometan delitos.

"El objetivo es que todo aquel que se radique en la Argentina lo haga con el objetivo de colaboración, de sentar su familia y sus bases, pero que no venga a delinquir", manifestó Bullrich. "Este es un proceso que comenzó con el dictado de un decreto por parte del Presidente hace ya dos años. Ahora lo encabeza Migraciones y nosotros somos la fuerza de apoyo", añadió la funcionaria en declaraciones a radio Mitre.

La ministra detalló que, en en tema drogas ilegales, en los últimos tiempos aumentó la cantidad de delitos cometidos por extranjeros llegando al 20 por ciento de las personas que están detenidas, condenadas o procesadas.

El director de Migraciones matizó la gravedad de la situación planteada por la ministra

"Se ha construido un listado de personas que están impedidas de estar en el país porque están de manera ilegal o porque han cometido delitos. Esta es la primera parte de un programa más extenso que será llevado al parlamento de la Nación", sostuvo.

"Así que esto, que ya venía desde el decreto dictado por el Presidente de la Nación pero que tuvo algunos impedimentos judiciales, se va a hacer con la legislación existente", agregó.

Destacó también que desde su Ministerio se están creando unidades especiales de búsqueda de las personas incluidas en el listado para ser expulsadas por haber cometido delitos en el país o por haber ingresado ilegalmente. "En algunos casos quienes están por ser echados abren un proceso judicial. La idea es la creación de una cámara para que el trámite sea más expedito, más rápido", indicó.

La vehemencia de la ministra fue matizada, horas más tarde por el director nacional de Migraciones, Horacio García, que sostuvo que la Argentina es "el país más abierto de Latinoamérica" para recibir migrantes, aunque aclaró que el Gobierno no quiere "que sigan viviendo en el país" aquellos extranjeros que delinquen y "rompieron el contrato de confianza".

García explicó que "la ley migratoria dice que las personas condenadas no pueden permanecer en el país"; por lo que una vez cumplido el proceso judicial en la Argentina, se debe devolver al condenado a su país de origen.

Como sea, el funcionario reconoció que llevar a la práctica esas expulsiones presenta una cantidad de instancias, y que éstas tienen como consecuencia que "no se cumplan en tiempo oportuno".

El funcionario consideró que "los que vienen a trabajar, producir y estudiar tienen las puertas abiertas, pero en cuanto a los que rompieron este contrato de confianza, queremos que no sigan viviendo en la Argentina".

García agregó: "En tres años se han radicado 660.000 personas: es el país más abierto de Latinoamérica, y se ofrece un sistema de atención generalizada a los derechos de los migrantes, por lo tanto ese sistema tiene que complementarse con la asignación de responsabilidades, y también con sanciones para quien rompan el contrato de convivencia", sostuvo.

Explicó luego que en cualquier caso es "una minoría" la que presenta condiciones de irregularidad: "Son 101 personas las que cometieron delitos y 254 son infractores a la ley migratoria", dijo, al anticipar que "los vamos a individualizar, buscar y deportar".

También incluyó a "otras 600 personas a quienes hay que pedir su retención para expulsarlos" del país.